Luego de 10 horas de debates, el Gobierno consiguió la aprobación de la modificación a la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010, en una votación que cerró con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
La iniciativa, impulsada por los gobernadores de las provincias mineras con grandes reservas de cobre y litio, introduce cambios orientados a otorgar mayor flexibilidad en el manejo de las zonas periglaciares y habilitar la explotación de metales en determinadas áreas críticas, espacios en los que hasta ahora la actividad se encontraba prohibida. La norma era seguida de cerca por las compañías del sector, que tras la aprobación la definieron como "una señal positiva para el futuro productivo de la Argentina" y remarcaron que permitirá "destrabar inversiones relevantes".
La reacción del sector minero
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señalaron que la reforma representa "un avance para incrementar la previsibilidad normativa", un aspecto que consideraron indispensable para el desarrollo de una industria que describieron como estratégica.
En su posicionamiento, la entidad destacó que el nuevo marco puede crear empleo de calidad, atraer inversiones de largo plazo, dinamizar las economías regionales y fortalecer la cadena federal de proveedores mineros. La cámara sostuvo además que la actualización normativa introduce criterios más precisos para la identificación y protección efectiva de glaciares y ambiente periglacial, al tiempo que clarifica en qué áreas es posible desarrollar actividades productivas bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control.
Según CAEM, este nuevo esquema despeja ambigüedades que durante años generaron incertidumbre, aunque subrayó que se mantiene la protección de los recursos hídricos. La entidad también puso en valor el respaldo político amplio y diverso que recibió la norma.
Qué cambia con la reforma
El cambio central de la ley es que solo quedarán bajo protección estricta aquellas formaciones que acrediten un "aporte hídrico relevante y verificable" a una cuenca. Hasta ahora, en provincias con fuerte desarrollo minero, la explotación estaba vedada en más de 1.500 cuerpos glaciares o periglaciares registrados por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Con la nueva redacción, las provincias más beneficiadas serán:
- Salta
- Jujuy
- Catamarca
- San Juan
- Mendoza
Otro de los cambios sustanciales es que las provincias, y ya no la Nación, deberán elaborar el inventario de glaciares a proteger. Esto abre la posibilidad de que zonas periglaciares actualmente protegidas sean redefinidas si se determina que no cumplen una función hídrica relevante.
En paralelo, el IANIGLA deberá actualizar el inventario nacional de glaciares cada cinco años, utilizando para ello los datos que provea cada jurisdicción provincial.
Las inversiones que esperan definiciones
Uno de los puntos más destacados tras la aprobación es el volumen de capitales que, según se plantea, aguardaban una normativa más clara para avanzar.
Debido a que la Ley de Glaciares de 2010 nunca terminó de reglamentarse por completo, existían proyectos, especialmente vinculados al cobre, que permanecían a la espera de definiciones regulatorias. Las estimaciones mencionadas indican que se trata de unos US$ 40.000 millones en inversiones, un monto que podría permitir que las exportaciones del sector se quintuplicaran en una década.
El ministro de Economía Luis Caputo, quien celebró la aprobación este jueves en la red social X, proyectó que el sector podría alcanzar US$ 165.000 millones en despachos al exterior hasta 2035, y sostuvo que habrá "provincias que cambiarán para siempre".
Los principales proyectos que podrían avanzar
Solo en cobre, los proyectos mencionados concentran compromisos de inversión por casi US$ 40.000 millones, mayormente previstos para los próximos diez años.
Entre ellos se destacan:
- US$ 18.000 millones de Vicuña (BHP y Lundin), en San Juan
- US$ 13.300 millones de Glencore, en San Juan y Catamarca
- US$ 5.250 millones de First Quantum, en Salta
- US$ 2.700 millones de McEwen Copper, en San Juan
- US$ 600 millones de San Jorge, en Mendoza
La reforma, de este modo, redefine el marco operativo sobre zonas periglaciares y abre una nueva etapa para proyectos que permanecían condicionados por la falta de precisiones regulatorias, especialmente en provincias con grandes reservas de cobre y litio.