Los gobernadores que mantuvieron negociaciones con los emisarios de la Casa Rosada en la antesala de la votación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados coinciden en un diagnóstico crítico: el oficialismo precipitó su propia derrota legislativa al forzar una estrategia que dejó poco margen para el acuerdo. "No escucharon, era así o nada. Se creen que negociar es que los demás acepten todo", sintetizó uno de los mandatarios consultados, aún sorprendido por el desenlace.
Tanto los gobernadores de Provincias Unidas como los del Norte Grande, espacios que mantienen diferencias internas pero comparten interlocución con el Gobierno nacional, analizaron durante el fin de semana las razones del revés que sufrió La Libertad Avanza (LLA). "Quisieron poner todo en un mismo capítulo porque estaban sobregirados", evaluó otro mandatario, en referencia a la decisión de concentrar temas sensibles en un solo bloque del articulado.
El rechazo del capítulo XI del Presupuesto, que incluía disposiciones vinculadas al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, marcó un punto de inflexión en la relación entre la Casa Rosada y varios gobernadores que hasta ahora habían acompañado, con matices, la agenda legislativa del oficialismo. El debate, ahora, se trasladó al Senado, donde el proyecto será tratado el próximo viernes, ya sin el capítulo objetado. En ese escenario, la mayoría de los mandatarios se muestra dispuesta a aprobar el texto general, aunque no oculta su malestar por lo ocurrido en Diputados.
Desde las provincias aseguran que, tras el triunfo electoral de octubre pasado, el Gobierno desplegó una estrategia de "seducción" para recomponer alianzas con los gobernadores. Sin embargo, en la recta final hacia la votación del Presupuesto, la Casa Rosada habría confiado "demasiado" en contar con apoyos garantizados. El resultado fue la pérdida de votos clave y la caída de un capítulo central del proyecto.
Si bien el oficialismo logró la aprobación en general del Presupuesto, varios legisladores que responden a gobernadores terminaron votando en contra de artículos específicos. En Provincias Unidas interpretan que la Casa Rosada mantiene una política de preferencias hacia los mandatarios del Norte, una lectura que sostienen a partir del reparto de recursos y de la dinámica de las negociaciones.
En ese proceso intervinieron tanto el ministro del Interior, Diego Santilli, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien —según la mirada de los gobernadores del centro del país— profundizó una estrategia que priorizó acuerdos con provincias del Norte Grande. A los mandatarios de regiones centrales se les prometió una mejora en el flujo de fondos para las cajas de jubilaciones no transferidas, aunque esa posibilidad fue relativizada días después.
El viernes pasado, durante su exposición en el Senado, el secretario de Hacienda, Hugo Guberman, respondió a los cuestionamientos de la senadora cordobesa Alejandra Vigo sobre los $122.000 millones asignados en el Presupuesto a los sistemas previsionales no transferidos. El funcionario sostuvo que esos fondos alcanzan para cubrir los acuerdos firmados con Chaco, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba. Sin embargo, los números oficiales muestran otra dimensión: Córdoba requeriría $20.000 millones; Entre Ríos, $36.000 millones; La Pampa, $60.000 millones; y Chaco, $33.333 millones, lo que eleva el total a $149.333 millones.
En el caso de Chaco, además, hasta el viernes no se habían devengado las cuotas correspondientes a noviembre y diciembre. Guberman señaló que esa discusión se resolverá en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que el Presupuesto asigna $900.000 millones.
Apuro, deserciones y sorpresa
Las tensiones se hicieron visibles incluso durante la votación en particular. Algunos gobernadores aseguran que ni siquiera fueron contactados por la Casa Rosada, porque el oficialismo estaba convencido de contar con los votos necesarios. LLA insistió en votar por capítulos y no por artículos, confiada en que esa mecánica le permitiría avanzar. Sin embargo, varios aliados se negaron a respaldar el artículo 75, incluido en el capítulo XI, lo que terminó provocando su rechazo.
Entre las sorpresas figuraron los votos en contra de diputados que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), además de legisladores que el oficialismo esperaba retener, como los vinculados a Rolando Figueroa en Neuquén y Claudio Vidal en Santa Cruz.
En paralelo, los gobernadores siguen reclamando una mayor distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). De los $66.000 millones girados este mes, $20.000 millones fueron para Tucumán; $12.000 millones para Misiones; $10.500 millones para Catamarca; y $6.000 millones para Salta. El remanente de ATN supera los $700.000 millones, un fondo que las provincias consideran clave para afrontar el cierre del año y el pago de aguinaldos.
A diferencia de lo ocurrido en etapas anteriores, los mandatarios hoy se muestran menos temerosos de las reacciones del presidente Javier Milei. "Menos de lo que hay es difícil que haya", repiten en privado, un mensaje que también trasladan a los negociadores nacionales.