El fiscal Diego Luciani, junto a su colega Sergio Mola, solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2) que acelere el decomiso de bienes en el marco de la ejecución de la condena por la Causa Vialidad. El objetivo es cubrir el monto de más de 680 mil millones de pesos —equivalente a unos 530 millones de dólares al cambio oficial— por el que deben responder solidariamente todos los condenados, incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple en su domicilio la pena de seis años de prisión.
En un escrito presentado al Tribunal, los fiscales adjuntaron un listado con más de 140 bienes "decomisables" adquiridos entre 2003 y 2015. La nómina incluye más de 100 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas, alrededor de 20 inmuebles vinculados a Cristina Kirchner —la mayoría cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia—, y otras propiedades pertenecientes a exfuncionarios condenados, como el exsecretario de Obras Públicas José López, quien figura con cinco.
El decomiso forma parte de la sentencia dictada en diciembre de 2022 y confirmada por la Corte Suprema en junio de este año. Sin embargo, la medida aún no se ejecutó pese a que el plazo de intimación venció el 13 de agosto. Según recordaron los fiscales, "ninguna de las personas condenadas cumplió con la intimación dispuesta por el Tribunal", motivo por el cual reclamaron la "ejecución inmediata" de los bienes.
En paralelo, la discusión llegó a la Cámara de Casación, que realizó una audiencia la semana pasada. Allí, Cristina Kirchner pidió anular la ejecución y cuestionó el cálculo del decomiso, mientras que el fiscal Mario Villar se opuso a la suspensión y respaldó la continuidad del proceso.
Los fiscales criticaron al TOF2 por "procrastinar la ejecución de una condena firme" y señalaron que habilitar a las defensas a intervenir en esta etapa equivale a "abrir una nueva instancia recursiva".
Entre las propiedades señaladas de Cristina Kirchner figura un terreno de más de 6.000 metros cuadrados que en 2007 fue cedido a Austral Construcciones, la empresa de Báez, y que había multiplicado 45 veces su valor original desde su adquisición como tierra fiscal. No aparece, en cambio, el departamento del barrio de Constitución donde cumple arresto domiciliario, que permanece embargado en otra causa: Hotesur-Los Sauces.
En el caso de Báez, algunos de los inmuebles ya están bajo custodia de la Corte Suprema por el decomiso en la causa "La Ruta del dinero K", como los cuatro ubicados en Olivos sobre la avenida Libertador.
Los fiscales sostuvieron que el listado presentado "constituye un primer bloque sobre el cual puede comenzar a ejecutarse, sin dilaciones, el decomiso que ya se encuentra firme".