El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que iniciará un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona de las Islas Malvinas. La medida está dirigida específicamente contra las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y contempla la intervención de la Cancillería y de los equipos jurídicos del Gobierno, a quienes Milei instruyó para iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Según la posición oficial argentina, el objetivo es impedir la explotación de los recursos hidrocarburíferos y evitar que se adopten nuevas medidas que puedan profundizar la disputa existente entre ambos países. La estrategia también apunta a impedir el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
El Gobierno sostiene que la explotación unilateral de esos recursos naturales afecta los derechos de soberanía que la Argentina reclama sobre la plataforma continental y constituye una situación que requiere la intervención de los mecanismos internacionales contemplados por el derecho del mar.
Dos semanas para detener las actividades
Además de poner en marcha el procedimiento de arbitraje, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que adopte, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias destinadas a impedir el comienzo o la continuidad de las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina.
El plazo establecido por la Casa Rosada constituye una instancia previa al eventual pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno advirtió que, si Londres no cumple con la intimación, la Argentina recurrirá a ese tribunal para solicitar las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
El comunicado oficial sostiene que la explotación unilateral de los recursos es "contraria al derecho internacional" y provoca un "perjuicio irreversible e irreparable" para los derechos que la Argentina reclama. La posición expresada por las autoridades nacionales también extiende el planteo a los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Las resoluciones de Naciones Unidas
Para fundamentar su posición, el Gobierno volvió a recurrir a antecedentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, particularmente a las resoluciones 2065 (XX) y 31/49.
La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Además, instó a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.
La Casa Rosada también citó la Resolución 31/49, mediante la cual Naciones Unidas pidió a la Argentina y al Reino Unido que se abstuvieran de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por el organismo internacional.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto Sea Lion se encuentra comprendido dentro de esta discusión, al tratarse de una actividad vinculada con la explotación de recursos de la zona cuya soberanía es objeto de controversia.
En el comunicado, el Gobierno volvió a remarcar que la existencia de la disputa reconocida por Naciones Unidas no se modifica por decisiones unilaterales adoptadas posteriormente.
Rechazo a la posición británica sobre las Islas
El Gobierno argentino también manifestó su "rechazo categórico" a la respuesta del Reino Unido frente al discurso pronunciado por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En ese marco, la Casa Rosada cuestionó la denominación de las Islas Malvinas como "Territorio Británico de Ultramar" y sostuvo que el referéndum unilateral celebrado en 2013, al que definió como no reconocido internacionalmente, no modifica la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
La posición oficial argentina se mantiene, de acuerdo con el comunicado, sobre la base de los antecedentes de la Asamblea General de la ONU y del reclamo de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes.
Tras compartir el comunicado, Milei publicó en sus redes sociales una definición que sintetizó la postura del Gobierno: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras".
El reclamo por la explotación de los recursos
La Casa Rosada sostuvo que la explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes constituye una acción contraria al derecho internacional y genera consecuencias sobre los derechos soberanos que la Argentina reclama.
"La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina", enfatizaron las autoridades nacionales.
El planteo se concentra actualmente en la explotación hidrocarburífera vinculada con Sea Lion, pero también incluye el rechazo argentino al eventual otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
De esta manera, la estrategia anunciada combina herramientas diplomáticas y jurídicas, con la posibilidad de avanzar hacia instancias internacionales si el Reino Unido no atiende la intimación dentro del plazo fijado.
Denuncias contra Thales UK por operaciones aéreas
En paralelo al conflicto por los hidrocarburos, el Gobierno informó sobre otro episodio relacionado con las Islas Malvinas. Según comunicó la Casa Rosada, fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, Chile.
De acuerdo con la información oficial, las operaciones se realizaron mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Ante esta situación, el presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno que avancen de manera urgente con los procedimientos correspondientes.
La instrucción contempla:
- Inicio urgente de procedimientos sancionatorios.
- Presentación de las denuncias penales correspondientes.
- Realización de las gestiones diplomáticas pertinentes.
La decisión suma así una dimensión administrativa, penal y diplomática al conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno en relación con las actividades vinculadas con las Islas Malvinas.