Con epicentro en la Plaza Congreso, una nueva movilización de jubilados —históricamente concentrados los miércoles en ese punto— sumó este miércoles a amplios sectores sociales y sindicales, en una protesta que derivó en incidentes y un fuerte operativo de seguridad. El contexto estuvo marcado por el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner, además de una serie de reclamos previsionales, sanitarios y económicos.

Durante la tarde, los manifestantes intentaron avanzar hacia Plaza de Mayo, pero fueron contenidos por efectivos policiales en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio. En ese punto comenzaron los primeros enfrentamientos, mientras la Casa Rosada permanecía vallada como parte del operativo de seguridad.

La protesta, que originalmente había sido convocada por grupos de jubilados autoconvocados, se amplió en las últimas semanas con la incorporación de sectores feministas, trabajadores de la salud y organizaciones de derechos humanos. Entre los principales reclamos se destacan la quita de medicamentos del PAMI, el veto presidencial al aumento de haberes jubilatorios, la eliminación de la moratoria previsional y la situación crítica del Hospital Garrahan.

Protesta masiva y operativo de seguridad

La concentración comenzó a las 15 en Plaza Congreso, con columnas que se desplegaron por avenidas Rivadavia, Callao y Entre Ríos. Como en manifestaciones anteriores, el Gobierno montó un fuerte operativo de seguridad con vallados y presencia reforzada de fuerzas federales. La preocupación entre los organizadores creció ante la posibilidad de una nueva represión, bajo el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad.

A la jornada se sumaron gremios, docentes universitarios, colectivos de discapacidad, movimientos feministas, la CTA, la UTEP, el Movimiento Evita y referentes del oficialismo y del peronismo. Entre las consignas más repetidas estuvieron la "defensa de la democracia", el rechazo al ajuste y la denuncia de una supuesta persecución judicial contra Cristina Kirchner.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados envió al Senado una serie de proyectos que contemplan un aumento a jubilados, un bono para quienes perciben el haber mínimo, la prórroga de la moratoria y la declaración de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo ya anticipó que vetará estas iniciativas, argumentando un impacto fiscal estimado en u$s12.000 millones.

El reclamo previsional y la tensión política

El veto del presidente Javier Milei al aumento de emergencia para jubilados, aprobado con amplia mayoría legislativa, generó fuertes críticas desde la oposición, que lo calificó como una muestra de "insensibilidad social". Desde el Gobierno, en cambio, defendieron la decisión como una forma de evitar el "populismo fiscal".

En paralelo, el fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner encendió la alarma en el kirchnerismo. Las expresiones de apoyo se multiplicaron con marchas en Rosario, protestas en Chaco, actos en el AMBA y vigilias en el domicilio de la expresidenta.

La movilización de este miércoles es la primera reacción masiva con alcance federal luego del pronunciamiento judicial. Dirigentes como Axel Kicillof, Oscar Parrilli, Carlos Heller y Sergio Palazzo reclamaron una "respuesta colectiva" frente a lo que consideran una proscripción política.

Un símbolo del descontento social

Más allá del trasfondo político, la protesta refleja la situación crítica que atraviesan los adultos mayores. Jubilados denuncian la caída del poder adquisitivo, el encarecimiento de los medicamentos, el vaciamiento del sistema previsional y la pérdida de derechos conquistados.

Durante la jornada, las agrupaciones participantes plantearon la necesidad de una "justicia al servicio de la democracia y no de los poderes corporativos". No se descarta que emitan un documento conjunto que apunte directamente contra la Corte Suprema, el Ejecutivo nacional y respalde a Cristina Kirchner como figura central de la resistencia política.

En este contexto de alta tensión institucional, económica y social, la marcha frente al Congreso se convirtió en un símbolo del creciente malestar que atraviesa al país.