En una decisión histórica, el Gobierno ha promulgado la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la regulación del juicio en ausencia y la modificación de la figura de reincidencia penal. Estos cambios, aprobados en sesiones extraordinarias en febrero, representan un giro significativo en el sistema político y judicial del país.
Suspensión de las PASO en 2025: Un ahorro controversial
Mediante el decreto 171/2025, el Gobierno oficializó la suspensión de las elecciones PASO para el año 2025. Esta medida responde a la consideración de que las PASO se han utilizado como "una gran encuesta nacional financiada con fondos públicos", según un comunicado oficial. La decisión implica que los procesos electorales se regirán por el Código Electoral Nacional y la ley 23.298, sin la necesidad de elecciones primarias.
La medida ha generado debate entre los sectores políticos y la ciudadanía. Mientras algunos celebran el ahorro de recursos que supone la eliminación de esta instancia electoral, otros advierten que podría afectar la representatividad de los partidos menores y reducir la transparencia del proceso electoral.
Juicio en ausencia: ¿Avance en la Justicia o riesgo para las garantías?
Otra de las reformas aprobadas modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal para permitir los juicios en ausencia del imputado en ciertos casos. Según el decreto, esta medida aplicará en delitos graves, como aquellos contemplados en el Estatuto de Roma y la Convención Interamericana contra el Terrorismo.
Para que un juicio se desarrolle sin la presencia del imputado, se deberán cumplir requisitos estrictos, como la declaración de rebeldía y la falta de respuesta a requerimientos judiciales. Además, el acusado podrá ser representado por un abogado de su confianza o por la defensa oficial.
Este cambio busca agilizar procesos judiciales en casos de delitos graves y de lesa humanidad, evitando que la ausencia del acusado obstaculice la justicia. Sin embargo, especialistas en derecho advierten que podría vulnerar el principio de defensa en juicio, generando cuestionamientos a nivel internacional.
Endurecimiento de penas para reincidentes
La tercera reforma clave aprobada endurece las penas para reincidentes y personas que cometen múltiples delitos sin haber sido condenadas. La ley establece que una persona será considerada reincidente si ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme.
Entre los puntos destacados, la norma dispone que las condenas sufridas en el extranjero serán consideradas para la reincidencia si el delito cometido es motivo de extradición según la legislación argentina. Asimismo, no se computarán delitos amnistiados ni aquellos cometidos por menores de 18 años.
Con esta medida, el Gobierno busca aumentar la seguridad ciudadana y reducir la impunidad de los delincuentes reincidentes. No obstante, expertos en derechos humanos advierten sobre el impacto de la sobrepoblación carcelaria y la necesidad de políticas de rehabilitación efectivas.
Reformas de alto impacto con desafíos pendientes
La suspensión de las PASO, la regulación del juicio en ausencia y el endurecimiento de penas por reincidencia representan cambios profundos en la legislación argentina. Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas buscan optimizar los recursos y fortalecer la justicia, diversos sectores han manifestado preocupaciones sobre su impacto en la democracia y los derechos fundamentales.
Estas reformas abren un nuevo capítulo en la política y el sistema judicial argentino, dejando interrogantes sobre su implementación y efectos a largo plazo. En los próximos meses, el debate público y el análisis jurídico serán claves para evaluar su verdadero alcance y consecuencias.
