El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso una resolución que obliga a todos los legisladores que finalizan su mandato o cesan en sus funciones a devolver, antes de dejar sus cargos, los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias que les fueron asignados durante su gestión. La medida también alcanza al mobiliario y al equipamiento electrónico e informático, cuyo uso está registrado en el sistema patrimonial del cuerpo.

La decisión, fechada el 14 de noviembre de 2025, fue adoptada en el marco de la inminente renovación legislativa que tendrá lugar el 10 de diciembre. Según pudo saber Infobae, la resolución apunta a desactivar una práctica histórica: la "herencia" o negociación informal de despachos entre legisladores salientes y entrantes, una dinámica que solía generar tensiones internas y demoras en la reorganización edilicia del Palacio Legislativo.

El texto firmado por Menem fundamenta la medida en principios constitucionales y en la normativa vigente sobre administración de bienes públicos. En particular, remite al artículo 1° de la Constitución Nacional, que consagra la forma republicana de gobierno, y a la Ley 24.156 de Administración Financiera, junto con la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ambos marcos establecen la obligación de los funcionarios de garantizar la conservación, uso adecuado y devolución de los bienes estatales asignados para el desarrollo de sus funciones.

La resolución también recuerda que ya en 2019 la Cámara había aprobado el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso, un mecanismo que establece la responsabilidad directa de los legisladores sobre los bienes que reciben. Aunque la administración cotidiana de estos recursos pueda delegarse en personal afectado a cada despacho, la responsabilidad última sigue recayendo sobre el diputado a cargo. "La falta de restitución afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia institucional", advierte el documento.

En este contexto, la Presidencia definió un procedimiento estricto para la devolución. Los diputados que culminan su mandato deberán restituir todos los bienes y espacios asignados a más tardar el 9 de diciembre. En los casos de ceses por renuncia, fallecimiento u otras causas, el plazo será de 48 horas desde la notificación formal.

La obligación no solo alcanza a los legisladores individualmente, sino también a las autoridades de todos los bloques políticos. Cada agrupación deberá devolver las oficinas y áreas comunes asignadas, de modo que la Cámara pueda reorganizar la distribución según criterios de funcionalidad, operatividad y la nueva integración política.

La resolución incorpora además un régimen de sanciones económicas. De existir bienes no restituidos, se procederá al descuento de la última dieta del legislador hasta cubrir el monto total equivalente al valor de los objetos faltantes, según la valuación establecida por el reglamento interno. "El incumplimiento dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador", establece textualmente el documento.

Si el valor de los bienes excediera el monto de la liquidación final y el diputado no cubriera la diferencia, la resolución instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara a iniciar las acciones legales necesarias para recuperar los bienes o su valor económico. A su vez, exige a la Dirección General de Recursos Humanos coordinar con el Departamento de Patrimonio la ejecución de las retenciones correspondientes.

La disposición señala que los recursos edilicios y materiales asignados a legisladores, bloques y comisiones constituyen un patrimonio institucional común, cuya distribución debe garantizar equidad y eficiencia. En esa línea, afirma que "la adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial individual de cada funcionario público".

Finalmente, el documento deroga cualquier normativa previa que contradiga estas disposiciones y establece que el pago de la última dieta quedará condicionado a la restitución de todos los bienes asignados. Con la nueva medida, la Cámara de Diputados busca reforzar los mecanismos de control, fortalecer la rendición de cuentas y evitar irregularidades en la gestión del patrimonio legislativo.