El proceso de cobertura de vacantes judiciales atraviesa una nueva etapa luego de que el Senado aprobara decenas de pliegos para cargos en distintos tribunales del país. Sin embargo, en la Casa Rosada sostienen que todavía no están dadas las condiciones administrativas para avanzar con los nombramientos debido a que las comunicaciones oficiales de la Cámara alta aún no llegaron al Poder Ejecutivo.

Según explican fuentes oficiales, el Gobierno aguarda la recepción formal de los expedientes para que la Secretaría de Legal y Técnica pueda intervenir en el trámite correspondiente. Hasta que ello ocurra, los decretos presidenciales necesarios para formalizar las designaciones no pueden ser emitidos.

Desde el oficialismo remarcan que los tiempos de firma serán definidos políticamente una vez que los pliegos lleguen al Ejecutivo. La posición oficial es que no existe una urgencia inmediata y que las designaciones se irán concretando a medida que los expedientes sean recibidos y analizados.

Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirman que el trámite administrativo todavía no concluyó. Según explican, las comunicaciones deben contar con la firma de la presidenta del Senado y de la Secretaría Parlamentaria antes de ser remitidas al Gobierno nacional.

Los 74 pliegos aprobados y el caso Michelli

La situación se abrió tras la sesión en la que el Senado aprobó 74 pliegos judiciales, entre ellos el correspondiente a María Verónica Michelli, propuesta para desempeñarse como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

La inclusión de Michelli dentro del paquete aprobado generó una situación particular debido a que el presidente Javier Milei había solicitado previamente el retiro de su candidatura. Pese a esa posición, la Cámara alta decidió otorgarle acuerdo. No obstante, la aprobación legislativa no implica automáticamente la asunción en el cargo. Para que ello ocurra es necesaria la firma del decreto presidencial correspondiente.

En el Gobierno aseguran que Milei no tiene previsto firmar esa designación. Tanto en el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como cerca del asesor Santiago Caputo, consideran que el decreto permanecerá demorado aun cuando el Senado remita formalmente la documentación.

Además, en Balcarce 50 sostienen que el tribunal para el cual fue propuesta Michelli todavía debe completar pasos administrativos para funcionar plenamente.

La interpretación oficial sobre los nombramientos

Dentro del Ejecutivo consideran que la aprobación de un pliego por parte del Senado no obliga al Presidente a firmar de manera inmediata el decreto de designación. Como antecedente mencionan el caso de Juan Manuel Yalj, cuyo pliego había sido aprobado en 2011 para asumir como camarista federal en San Martín. Sin embargo, el decreto nunca fue firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y el postulante finalmente renunció a su candidatura.

Sobre esa experiencia, desde sectores del oficialismo sostienen que la presión política puede modificar escenarios inicialmente considerados definitivos.

Nuevos envíos y cobertura de vacantes

Mientras se aguarda la formalización de los pliegos ya aprobados, el Gobierno continúa trabajando en nuevas nominaciones judiciales.

La estrategia oficial apunta a sostener el proceso de cobertura de vacantes mediante el envío de nuevos expedientes al Senado y el seguimiento de aquellos que ya se encuentran bajo análisis en la Comisión de Acuerdos.

Según explican fuentes oficiales, la prioridad será avanzar primero con los cargos considerados menos conflictivos, dejando para una etapa posterior los nombramientos vinculados a tribunales federales de alta sensibilidad política.

Los candidatos que analiza la Comisión de Acuerdos

Esta semana la Comisión de Acuerdos del Senado abrió una nueva etapa de evaluación con siete postulantes.

Entre ellos se encuentran:

• Leopoldo Rago Gallo, propuesto para continuar al frente del Juzgado Federal 2 de San Juan.

• Víctor Pesino.

• María Claudia Jueguen.

• Marina Pisacco.

• Diego Tula.

• Diego Manauta.

• Claudio Loguarro.

Los seis últimos candidatos fueron postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Dentro de ese grupo, el nombre que concentra la mayor controversia es el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara del Trabajo.

La polémica en torno a Víctor Pesino

El peronismo, organizaciones gremiales y abogados laboralistas cuestionan la continuidad de Pesino debido a fallos relacionados con la reforma laboral y con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Durante la audiencia pública realizada para analizar su candidatura, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó públicamente su respaldo y adelantó que La Libertad Avanza acompañará el pliego.

La discusión en torno a su figura refleja el clima de debate que atraviesa parte de los nombramientos judiciales actualmente en tratamiento parlamentario.

Pliegos observados y concursos estratégicos

En el Senado continúan sin dictamen otros candidatos que enfrentan cuestionamientos. Entre ellos figuran:

• Alejandro Catania.

• Juan Galván Greenway.

Ambos son señalados por presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y con el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

También permanece sin avances el pliego de Juan Manuel Mejuto, cuestionado por sectores de la Unión Cívica Radical y del PRO debido a su supuesta cercanía con el kirchnerismo y con Justicia Legítima. Paralelamente, el Gobierno sigue de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura convocado para este miércoles.

El temario contempla concursos para cargos considerados estratégicos, entre ellos:

• Juzgado Federal 2 de La Plata.

• Juzgado Federal 1 de Corrientes.

• Juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe.

• Juzgados federales con funciones de garantía en Rafaela.

• Juzgados federales con funciones de garantía en Reconquista.

• Juzgados federales con funciones de garantía en Rosario.

• Juzgados federales con funciones de garantía en San Lorenzo.

• Juzgados federales con funciones de garantía en Venado Tuerto.

• Cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal.

• Dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La estrategia política y la agenda judicial

Desde la Casa Rosada reconocen que los cargos federales más sensibles requerirán mayores niveles de negociación política y probablemente queden para una etapa posterior. La estrategia oficial consiste en avanzar inicialmente con designaciones menos conflictivas y luego abordar los expedientes que demandan acuerdos más amplios con gobernadores, bloques dialoguistas y distintos sectores del ámbito judicial.

En paralelo, el Gobierno continúa impulsando otros proyectos vinculados al funcionamiento institucional del Estado. Entre ellos figura la iniciativa de juicio por jurados, que según fuentes oficiales se encuentra prácticamente terminada y ya fue revisada por el Ministerio de Justicia y los equipos técnicos de Legal y Técnica.

La propuesta había formado parte de la primera versión de la Ley Bases y contemplaba la implementación del sistema en la justicia federal para delitos cuya pena máxima supere los cinco años de prisión o reclusión, mediante jurados integrados por doce miembros titulares, al menos dos suplentes, conformación paritaria y un juez encargado de conducir el debate.

De esta manera, la cobertura de vacantes judiciales, la discusión de nuevos pliegos y el impulso de reformas institucionales continúan ocupando un lugar central dentro de la agenda política y legislativa del Gobierno nacional.