Milei ahora busca frenar por decreto el aumento en discapacidad
El Gobierno buscaría suspender la aplicación de la ley mediante un DNU, pese a que el Congreso rechazó el veto presidencial. La estrategia apunta a dilatar el gasto hasta 2026 y que las demandas sean individuales para dispersar los procesos judiciales.

Después de la derrota legislativa, el Gobierno nacional evalúa un nuevo camino para evitar la aplicación de la ley que aumenta las prestaciones por discapacidad. Según trascendió, la Casa Rosada analiza suspender su cumplimiento a través de un decreto de Javier Milei.

La decisión implica no judicializar directamente el rechazo al veto presidencial en el Congreso, pero sí avanzar con una estrategia para dilatar el gasto. La apuesta oficial es que las demandas sean presentadas por particulares, lo que permitiría fragmentar los procesos judiciales y ganar tiempo hasta la ejecución del Presupuesto 2026, aún pendiente de aprobación.

La denominada "mesa judicial" de Balcarce 50, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; y la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, trabaja sobre jurisprudencia para sostener la posición del Ejecutivo.

En el oficialismo justifican la medida en el "impacto fiscal" y en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda norma que incremente el gasto debe señalar la fuente de financiamiento. También remarcan que el Presupuesto Nacional es la herramienta central para ordenar los recursos y que su definición corresponde al Ejecutivo junto al Congreso.

El Gobierno, por ahora, descarta acudir a la Corte Suprema para cuestionar la autoconvocatoria del Senado, aunque había sido una de las opciones analizadas. Tampoco habrá aumentos inmediatos en las prestaciones, más allá de que el vocero Manuel Adorni dejó entrever esa posibilidad durante el debate en Diputados.

El constitucionalista Marcelo Bermolén advirtió que la suspensión de la ley solo podría hacerse mediante un DNU, al que calificó como "altamente judicializable". Según explicó, esta vía le permitiría al Ejecutivo ganar tiempo, ya que distintos jueces podrían fallar de manera dispar y forzar la intervención de cámaras superiores. "Si la denuncia la hacía el Estado y era rechazada, quedaba en obligación de aplicar la ley", señaló.