El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, convocada con carácter de urgencia para delinear la estrategia judicial tras el duro revés que recibió el Gobierno en tribunales de Nueva York. La jueza Loretta Preska dictaminó que el Estado argentino deberá ceder el 51% de las acciones de YPF, lo que implicaría perder el control de la compañía.
La reunión comenzó a las 9:30 en el Salón Eva Perón y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), y el vocero presidencial, Manuel Adorni, entre otros. La única ausencia destacada fue la del canciller Gerardo Werthein, abocado a la organización de la Cumbre del Mercosur que se realizará esta semana en Buenos Aires.
El fallo, dado a conocer este lunes, representa un golpe para la administración libertaria. No solo por su impacto económico y simbólico, sino también por el escaso margen de maniobra: la jueza otorgó apenas 14 días para entregar las acciones. Desde el Gobierno ya confirmaron que apelarán la resolución.
Milei reaccionó con dureza: responsabilizó directamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, artífice de la expropiación en 2012, y calificó el fallo como "un castigo a su incompetencia". Kicillof respondió acusando al fallo de ser "un disparate jurídico y una intromisión en la soberanía argentina".
En paralelo, altos funcionarios del Ejecutivo iniciaron gestiones discretas para definir los pasos legales y diplomáticos a seguir. La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, quedó parcialmente al margen por conflicto de intereses, ya que integró el estudio jurídico vinculado a uno de los expertos presentados por Burford Capital, el fondo demandante.
Por debajo de Castro Videla, los subprocuradores Julio Pablo Comadira y Juan Stampalija —ambos con experiencia en litigios internacionales— serán piezas clave en la estrategia. También podría intervenir la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, excolaboradora de la Procuración durante el gobierno de Mauricio Macri.
Analistas consultados apuntan a que existen argumentos para apelar el fallo, entre ellos el cuestionamiento a la jueza Preska por pedir al Estado argentino que incumpla una ley nacional. "No puede una jueza norteamericana exigir la modificación de una norma del Congreso", sostienen desde el oficialismo.
En este contexto, también será crucial la interlocución con Burford Capital. El fondo contrató como asesor al argentino Gerardo "Gerry" Mato, exbanquero del HSBC y figura cercana al entorno libertario. Mato ya se reunió oficialmente con Francos en octubre de 2024, según consta en el Registro de Audiencias.
El Gobierno confía en poder reducir el impacto económico de la sentencia, estimada en 16.000 millones de dólares, y evitar que el Estado pierda el control de la mayor empresa energética del país.
