El presidente Javier Milei firmará este martes el decreto que habilita un aumento salarial para los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, en lo que constituye el primer incremento de haberes desde el inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023. La decisión será oficializada con su publicación en el Boletín Oficial en las primeras horas del viernes 2, cuando se retome la actividad administrativa tras el feriado por las fiestas de fin de año.
Se trata de una medida largamente reclamada por secretarios, subsecretarios y directores nacionales, cuyos salarios quedaron progresivamente desactualizados frente a la inflación acumulada en los últimos dos años. Según estimaciones oficiales, la pérdida de poder adquisitivo ronda el 60% desde diciembre de 2023, un desfasaje que comenzó a generar tensiones internas y dificultades para sostener equipos técnicos en áreas clave del Estado.
Desde el Gobierno aclararon que el aumento no alcanzará al Presidente. Tanto Milei como su vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salieron a desmentir versiones que indicaban que el mandatario se incluiría en el ajuste salarial. "Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado de manera indefinida", afirmó Adorni, ratificando que Milei mantendrá su postura de no actualizar su remuneración.
La decisión de avanzar con el aumento se da, además, en un contexto de creciente competencia con el sector privado. En la Casa Rosada reconocen que las diferencias salariales se volvieron un factor determinante para la continuidad de muchos funcionarios, que comenzaron a evaluar el regreso a empresas privadas, donde los ingresos son más elevados y las exigencias y presiones son menores. "En el sector privado se pagan mejores sueldos y no se tiene la carga que implica la función pública", admitieron fuentes del oficialismo.
Esta disparidad también dificulta la incorporación de nuevos cuadros técnicos al Gobierno, un problema que Milei enfrenta desde el inicio de su gestión, especialmente en áreas sensibles que requieren perfiles especializados. La medida, explican en el entorno presidencial, apunta tanto a retener a los funcionarios actuales como a mejorar la competitividad del Estado frente al mercado laboral privado.
Si bien el porcentaje final del aumento aún no fue precisado, se prevé que esté alineado con los incrementos otorgados a los empleados públicos en el marco de las paritarias vigentes. En ese sentido, el ajuste se acoplaría a los acuerdos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociados por el gremio UPCN. Entre junio y fin de año, las paritarias acumularon un aumento del 9,68%, aunque desde el propio Gobierno reconocen que, aun con esta actualización, los salarios seguirán ubicándose cerca de un 30% por debajo de la inflación.
Actualmente, el presidente Javier Milei percibe un salario bruto de $4.066.018, mientras que la vicepresidenta cobra $3.764.820. Los ministros tienen haberes de $3.584.006, los secretarios de Estado $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Por el momento, no trascendió cuál será el impacto concreto del aumento en cada uno de estos rangos salariales.
En los pasillos de la Casa Rosada también se realiza, en voz baja, una comparación con los salarios del Poder Legislativo, considerablemente más altos. Los senadores nacionales perciben sueldos brutos cercanos a los $9,5 millones, mientras que los diputados cobran alrededor de $7 millones, con ingresos netos que rondan los $4 millones.
Desde el inicio de su mandato, Milei se mostró reticente a otorgar aumentos salariales a los funcionarios, en línea con su discurso de ajuste fiscal y de esfuerzo compartido con la sociedad. Sin embargo, tras dos años de gestión, el escenario cambió. La fuerte licuación de los haberes y la necesidad de sostener el funcionamiento del Estado terminaron por inclinar la balanza.
En el oficialismo admiten que el aumento, aun cuando quede por debajo de la inflación, funciona como un reconocimiento al trabajo realizado por los funcionarios en un contexto de alta exigencia política y económica. El reclamo llevaba tiempo sobre la mesa, pero fue postergado por el año electoral y por la implementación de otros ajustes pendientes en la órbita estatal.
Finalmente, la decisión se concretará a partir del próximo mes, en un momento que el Gobierno considera políticamente más conveniente, con la agenda pública distendida y la atención puesta en el inicio del receso estival.