El presidente Javier Milei firmó los decretos de veto al aumento jubilatorio y a la declaración de emergencia en discapacidad, medidas que habían sido sancionadas por el Senado a comienzos de julio. Según confirmaron fuentes oficiales, la publicación en el Boletín Oficial se realizará este lunes, en una estrategia para dilatar el debate legislativo y ganar tiempo político.
El Gobierno busca consolidar el rechazo a las normas en la Cámara de Diputados mediante un trabajo de negociación directa con gobernadores y bloques aliados. Las conversaciones incluyen compromisos de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
En ese marco, se oficializó esta semana la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. Además, la mesa política de Balcarce 50 intenta sumar el respaldo del PRO y de sectores federales.
Los encargados de las conversaciones con la oposición dialoguista son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. En las últimas semanas mantuvieron reuniones con siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
En algunos casos, el Ejecutivo avanza en la conformación de frentes electorales, mientras que en otros busca acuerdos puntuales con el objetivo de desplazar al peronismo de sus bastiones provinciales.
En materia fiscal, el Gobierno adelantó que no aceptará cambios en la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque está dispuesto a negociar la distribución del porcentaje que se destina al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). También ofrece acuerdos "uno a uno" con gobernadores para la cancelación de deudas y el envío de fondos discrecionales.
La Casa Rosada argumenta que la sesión del Senado en la que se aprobaron las leyes fue inválida y anticipa que judicializará las iniciativas si el Congreso rechaza los vetos presidenciales. La estrategia jurídica es coordinada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto con su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
Desde el oficialismo rechazan la idea de que el veto implique la convalidación de las normas y aseguran que agotarán todas las vías legales para impedir su aplicación. "Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar", remarcaron fuentes de Balcarce 50.