El Gobierno nacional redobla su mensaje optimista en medio de señales económicas mixtas y tensiones políticas crecientes, un escenario que también repercute en provincias como Catamarca. Mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo insisten en que "lo peor ya pasó" y que la inflación comenzará a bajar en los próximos meses, distintos indicadores reflejan una realidad más compleja, con impacto desigual en la población.

"Se vienen los mejores 18 meses". "La inflación comienza a bajar en mayo". "Tarde o temprano va a bajar". "La Argentina será el país que más va a crecer en los próximos 30 años". Con estas definiciones, Milei y Caputo asumieron durante la semana el rol de voceros centrales del modelo económico, en un contexto en el que el portavoz presidencial Manuel Adorni quedó en un segundo plano. El mensaje oficial se apoya en dos ejes: la defensa del rumbo económico y la advertencia de que no habrá cambios. "Te reconvertís y te adaptás o quedás afuera", sintetiza la lógica que transmiten.

El Presidente, activo en redes sociales, apunta contra periodistas y empresarios que cuestionan la marcha de la economía. Sostiene que la situación "está más que bien" y señala como indicadores positivos la baja del dólar y del riesgo país. Caputo, en paralelo, busca reforzar expectativas de mejora. Ambos intentan instalar la idea de que el ajuste atravesó su etapa más dura y que comienza una fase de recuperación.

Sin embargo, los datos recientes introducen matices. La inflación minorista pasó de 2,9% a 3,4%, mientras que la mayorista subió de 1% a 3,4%. También se registró una caída en el consumo de carne y un crecimiento del trabajo en plataformas de reparto y transporte, que ya alcanza a 1,1 millón de personas. A esto se suma la presión sobre el poder adquisitivo: los salarios se ajustan en torno al 2% mensual, frente a una inflación trimestral de 9,4%, mientras que la carne aumentó 20% entre enero y marzo.

Milei relativiza estos datos y sostiene que no se trata de inflación, sino de un "reacomodamiento de precios relativos". Aun así, reconoce que la desaceleración llevará tiempo. Algunas consultoras coinciden en que el índice podría haber alcanzado un pico y proyectan una baja hacia niveles de entre 2,5% y 3%. En alimentos, incluso, detectan una desaceleración en las últimas semanas, aunque advierten que el índice general seguirá presionado por factores como el precio del petróleo y los ajustes en transporte.

En el plano externo, el Gobierno recibió respaldos que fortalecen su estrategia. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó al programa económico como un "éxito fantástico". Ese apoyo se suma a la decisión del Fondo Monetario Internacional de avanzar en un acuerdo con un desembolso de 1000 millones de dólares y a una garantía del Banco Mundial por 2000 millones. Caputo destacó que se consiguió financiamiento para cubrir los vencimientos del año a una tasa menor a la del mercado internacional, en un contexto en el que el riesgo país continúa en descenso, aunque por encima de los 500 puntos.

Las tensiones políticas

En paralelo, crecen las tensiones políticas. La figura de Adorni genera incertidumbre y se anticipa un escenario de fuerte confrontación en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sugirió que la próxima presentación del jefe de Gabinete será "para comprar pochoclo", en alusión a un posible contraataque. En ese contexto, comenzaron a circular cuestionamientos sobre declaraciones juradas de legisladores, anticipando una disputa de alto voltaje.

La situación judicial que involucra a Adorni también suma tensión. La investigación avanza con la recolección de datos y pruebas, incluyendo la confirmación de un viaje a Aruba y la compra de un departamento. Por el momento no hay procesamiento, pero se espera que la Justicia le solicite justificar el origen de su patrimonio. En el oficialismo apuestan a que el tema pierda relevancia con el tiempo.

Aun así, el principal desafío para la Casa Rosada es el impacto económico en la vida cotidiana. Diversas encuestas reflejan preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, la dificultad para llegar a fin de mes, el temor al desempleo y la persistencia de la inflación. En los principales centros urbanos se percibe la crisis industrial, mientras que las provincias, incluida Catamarca, enfrentan una caída de la coparticipación y de la recaudación.

En este contexto, emerge la tensión entre el programa económico y su viabilidad política. Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson advierten sobre el riesgo de aplicar políticas que, aun siendo correctas desde lo técnico, puedan chocar con la dinámica política y terminar fortaleciendo a sectores concentrados.

Del lado opositor, el gobernador bonaerense Axel Kicillof busca posicionarse como articulador del peronismo. En los últimos días se mostró en España, donde mantuvo reuniones con dirigentes internacionales. A nivel local, sostuvo contactos con Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Su figura comienza a consolidarse como alternativa, en parte por su distanciamiento de Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras tanto, los gobernadores peronistas que hoy mantienen diálogo con el oficialismo se mantienen al margen de ese armado. No se alinean con Kicillof, pero tampoco logran construir una alternativa propia, por lo que continúan negociando con el Gobierno nacional.

En el plano discursivo, la polarización se profundiza. Milei encuentra en Kicillof un antagonista claro y plantea la disputa en términos ideológicos: "Quien sabe de economía nunca puede ser socialista", afirmó. El escenario comienza a ordenarse entre el temor a un regreso del kirchnerismo y la búsqueda de una oposición capaz de disputar el poder.

En lo inmediato, el Gobierno enfrenta dos desafíos concretos. Por un lado, la reforma laboral, suspendida por una cautelar judicial que afecta a 84 artículos. La Procuración del Tesoro presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para intentar revertir la medida. Por otro, el financiamiento universitario: tras el veto presidencial y la insistencia del Congreso, la Justicia falló a favor de las universidades. La deuda acumulada asciende a 2,5 billones de pesos, lo que plantea una disyuntiva: cumplir implicaría incurrir en déficit; no hacerlo, desobedecer un fallo judicial.