A un mes y medio de haber recuperado la libertad, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo, solicitó formalmente ser parte querellante en la causa que tramita en la justicia federal argentina contra Nicolás Maduro por la presunta violación sistemática de los derechos humanos fundamentales en Venezuela.
El propio Gallo confirmó la presentación a través de sus redes sociales, donde expresó: "Me presenté como querellante ante la justicia federal de mi país en la causa contra Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad". En el mismo mensaje, el gendarme detalló su situación personal y el motivo de su pedido: "Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga".
El mensaje concluyó con una declaración enfática: "No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune". En paralelo, se indicó que Gallo será llamado como testigo en la causa cuando se encuentre en condiciones de declarar.
La detención en Venezuela
El caso de Nahuel Gallo se remonta al 8 de diciembre de 2024, fecha en la que fue detenido en Venezuela al ingresar al país con el objetivo de reencontrarse con su mujer y su hijo. Desde ese momento, permaneció privado de su libertad durante 448 días.
Durante su detención, el gobierno de Nicolás Maduro lo acusó de espionaje y de participar en un supuesto plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En Caracas, el entonces fiscal general Tarek William Saab lo imputó por presunta actividad terrorista y acciones desestabilizadoras, sosteniendo que el viaje familiar era en realidad una fachada para un plan criminal.
A pocos días de su detención, la Cancillería argentina denunció el hecho como un secuestro y lo catalogó como un preso político. Durante su cautiverio, Gallo fue alojado en la cárcel de El Rodeo I, considerada uno de los centros de detención más peligrosos de Venezuela.
La liberación y el regreso al país
El 2 de marzo, Gallo recuperó la libertad y regresó a la Argentina, donde se reincorporó a la fuerza. En los primeros días posteriores a su llegada, permaneció en el Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, donde recibió atención médica y psicológica.
Este acompañamiento respondió al desgaste físico y mental sufrido durante su prolongado cautiverio, en un contexto que ahora forma parte de los elementos considerados en la causa judicial.
La causa en la justicia argentina
La investigación contra Nicolás Maduro se inició en 2023 y se basa en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales de un país a intervenir en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos fuera de su territorio.
Este marco jurídico está respaldado por la adhesión de la Argentina a distintos tratados internacionales, entre ellos:
- Convenios de Ginebra de 1949
- Convención contra la Tortura de 1984
- Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de 2006
En este contexto, la justicia federal avanzó con un pedido de extradición y una orden de captura internacional para tomar declaración indagatoria a Maduro. Este planteo llegó a los Estados Unidos, en el marco de las actuaciones judiciales.
El juez Ramos inició el procedimiento de extradición activa luego de la irrupción de Estados Unidos en Caracas, que derivó en el arresto de Nicolás Maduro para ponerlo a disposición de los tribunales de Nueva York.
Pruebas e informes sobre violaciones a los derechos humanos
Uno de los pilares de la causa está constituido por el análisis de al menos 17 informes elaborados por organismos internacionales, que documentan distintas violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Entre los hechos relevados se incluyen:
- Detenciones arbitrarias
- Desapariciones forzadas
- Ejecuciones extrajudiciales
- Torturas y malos tratos
- Dificultades en el acceso a la justicia para víctimas y familiares
Estos informes fueron producidos por entidades como:
- Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
- Secretaría General de la Organización de Estados Americanos
- Human Rights Watch
- Amnistía Internacional
- Más de 50 organizaciones de defensa de derechos civiles
