Un nuevo fallo judicial volvió a poner freno a la intención del presidente Javier Milei de desmantelar la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El Juzgado Federal N°2 de San Martín dio curso a una acción de amparo presentada por el exdirector del organismo, Pablo Martínez Carignano, quien argumentó que la disolución de la ANSV implica un grave retroceso en materia de seguridad vial y vulnera derechos fundamentales consagrados por la Constitución.
Se trata de la segunda medida cautelar dictada contra el decreto 461/2025. La primera había sido otorgada a mediados de julio a favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, que logró frenar por seis meses la reestructuración de las áreas de transporte.
Martínez Carignano solicitó la inconstitucionalidad del decreto al considerar que "viola el principio de legalidad y derechos como la vida, la salud, la circulación y la igualdad ante la ley, reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos". El exfuncionario advirtió además que el cierre de la ANSV "multiplicará las muertes viales, desmantelará la coordinación federal del tránsito y destruirá una política pública que ha salvado miles de vidas desde su creación".
En su presentación, destacó que la Agencia fue reconocida internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, con resultados concretos como la reducción del 30% en la tasa de mortalidad por siniestros viales.
La preocupación también fue expresada por familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Si bien aún no existen cifras oficiales tras la desarticulación de la ANSV, algunas intendencias comenzaron a realizar relevamientos propios. En Bolívar, por ejemplo, se registraron 36 siniestros con intervención hospitalaria durante todo 2024; mientras que en los primeros cinco meses de 2025 ya se contabilizan 20 casos. Además, la gravedad de los incidentes parece haber aumentado, con un 55% de intervenciones hospitalarias en lo que va del año, frente al 52,7% de 2024.
A pesar de las advertencias, el Gobierno de Milei había decidido a comienzos de julio cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la ANSV, en el marco de su política de ajuste estatal.
Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), responsabilizó directamente al presidente Milei y al ministro Federico Sturzenegger por las consecuencias de estas decisiones: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Están armando este decreto para hacer negocios, desviando fondos como el Impuesto a los Combustibles, que deberían destinarse a la infraestructura vial".
Desde el gremio advirtieron que la falta de controles y mantenimiento agravará la inseguridad en las rutas nacionales, calificando la medida como "un atentado a la vida de miles de argentinos".