En un giro de la estrategia parlamentaria, el Poder Ejecutivo Nacional ha decidido recalibrar el cronograma para la discusión de la nueva Ley de Financiamiento Universitario. Aunque desde la Casa Rosada aseguran contar con el respaldo político necesario para avanzar con la iniciativa, han optado por trasladar el tratamiento al periodo de sesiones ordinarias que inicia en marzo, dejando de lado la premura de la presente semana tras admitir que los plazos legislativos resultaron insuficientes para un debate de tal magnitud.
La intención original de la administración central era dictaminar el proyecto en comisión este miércoles, con el firme objetivo de llevarlo al recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente. Sin embargo, fuentes oficiales reconocieron que la complejidad del debate y los tiempos administrativos obligan a una pausa técnica, argumentando que no dan los tiempos para votarla de forma inmediata, por lo que procederán primeramente a conformar la comisión correspondiente.
Pese a este retraso en el tratamiento, el Ejecutivo incluyó formalmente el envío de la iniciativa en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, el cual será publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Desde la mesa chica de Balcarce 50, el optimismo respecto a la viabilidad del proyecto se sustenta en una aritmética legislativa que consideran blindada. El oficialismo sostiene que el número de voluntades está garantizado gracias al apoyo de aliados estratégicos y bloques dialoguistas, destacando especialmente a los legisladores de Provincias Unidas. Con un piso asegurado de 131 votos, la meta parlamentaria es lograr la media sanción a partir de marzo para cerrar definitivamente el capítulo judicial y político que mantiene en vilo al sistema de educación superior.
La nueva ley impulsada por el Gobierno no plantea la derogación formal de la norma sancionada en 2024, aquella que fuera vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso, sino que se presenta como una modificación sustancial de su arquitectura financiera. El núcleo del debate reside en reemplazar el actual mecanismo de indexación automática por un sistema de aumentos escalonados y la inclusión de cláusulas de revisión técnica que permitan un control más exhaustivo del gasto.
Para avanzar en estos ítems, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, han mantenido reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En estos encuentros con el comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, se avanzó en una agenda técnica centrada en los salarios, los gastos operativos y la previsibilidad presupuestaria. El Ejecutivo se muestra dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento respecto de los montos asignados en 2025, además de establecer una instancia de evaluación en el mes de junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El frente judicial y el conflicto de poderes en el inicio del ciclo lectivo
Paralelamente a la negociación parlamentaria, el Gobierno mantiene una batalla legal para evitar la implementación de la ley actual. Recientemente, la Casa Rosada presentó una apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo. Este recurso intenta frenar un fallo de primera instancia que ordenó actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias bajo el régimen vigente, tras la medida cautelar interpuesta contra el Ejecutivo.
La urgencia por sancionar una nueva ley radica en la necesidad de evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo. La experiencia reciente con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada tras fuertes tensiones judiciales, sirve de antecedente para el Ejecutivo, que insiste en que el Congreso debe validar un nuevo marco normativo que reemplace formalmente al vigente. El plan oficial busca dotar al sistema de una previsibilidad que, según sostienen en la Casa Rosada, el modelo de indexación automática actual no permite garantizar bajo los estrictos lineamientos de equilibrio fiscal que rigen la administración nacional.
