En una decisión inusual, más aún en el contexto de un fin de semana largo que complica la logística aérea, el oficialismo resolvió no dejar ningún cabo suelto en su objetivo de concluir las sesiones extraordinarias de febrero con la ansiada reforma laboral aprobada. Para ello, oficializó la convocatoria a un plenario de comisiones el próximo miércoles a las 14 con la intención de dictaminar y dejar listo el proyecto para ser votado en el recinto al día siguiente.

La reunión conjunta se celebrará entre las comisiones de Legislación del Trabajo, que preside el correntino oficialista Lisandro Almirón, y Presupuesto y Hacienda, encabezada por su par de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch. El movimiento, que implica reactivar el engranaje parlamentario en el primer día hábil de la semana, responde a una orden política directa y a un cálculo fino del calendario legislativo.

Un Senado que ya dio el primer paso

El miércoles pasado el oficialismo logró un avance decisivo en el Senado con la aprobación de la media sanción de la reforma laboral. Para alcanzar ese objetivo, debió introducir más de una treintena de cambios que permitieron destrabar apoyos y conseguir el visto bueno de fuerzas aliadas.

Este viernes, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, giró el proyecto a la Cámara baja. En Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, en línea directa con la Casa Rosada, dio la orden de "pisar el acelerador a fondo" y retomar el trabajo parlamentario de inmediato.

El apuro no es casual. En el oficialismo consideran que no hay tiempo que perder: si en Diputados la oposición lograra acordar modificaciones al texto, el proyecto debería regresar al Senado para su revisión. Y allí el reloj jugaría en contra.

El calendario, la clave de la estrategia

Si se dejara pasar una semana, la Cámara alta podría quedarse sin margen para revisar eventuales cambios antes del cierre de las sesiones extraordinarias y de la Asamblea Legislativa que encabezará Javier Milei.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, en la oposición se especulaba con que la sesión por la reforma laboral recién se produjera el miércoles 25 de febrero. En ese escenario, ya se analizaban estrategias para exigir nuevas modificaciones y así jugar al filo del calendario, complicando la meta oficial de sancionar la ley antes del 1 de marzo.

La premura, entonces, no sólo responde a la voluntad política de avanzar, sino a una lógica matemática: evitar cualquier ventana que habilite un ida y vuelta parlamentario imposible de resolver dentro de los plazos vigentes.

Una reforma símbolo del "ultra reformismo libertario"

Para la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el Presidente desea exhibir resultados concretos. Aspira a tener finiquitados el régimen penal juvenil y la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, pero muy especialmente la reforma que denomina de "modernización" laboral.

La iniciativa que flexibiliza condiciones de trabajo y abarata costos laborales para las empresas es considerada por Milei un hito de la nueva Argentina y una de las grandes banderas de su gestión junto a la Ley Bases. En la visión oficial, la aprobación del proyecto no sólo tendría impacto normativo, sino también simbólico: mostraría que la construcción legislativa del Gobierno arroja resultados palpables y que esos avances se traducen en señales de confianza hacia los mercados.

El oficialismo entiende que consolidar este paquete de reformas antes del inicio de las sesiones ordinarias fortalecería el mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa y ante la sociedad en general.

Los puntos de conflicto que agitan el debate

Sin embargo, la discusión está lejos de estar saldada. Más allá de los cambios incorporados en el Senado, la oposición busca introducir nuevas modificaciones en Diputados. Entre los artículos más cuestionados se encuentran:

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL):

Se financiaría con parte de las cargas patronales de las empresas.

Tendría como objetivo financiar indemnizaciones.

A cambio de la adhesión empresarial, se descuenta una alícuota de contribuciones patronales.

Implica que la ANSES resigna recursos para subsidiar despidos sin causa en el sector privado.

Reducción del salario por licencia médica:

El proyecto establece el 50% del sueldo durante los primeros tres meses de licencia por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

Se trata de uno de los artículos que mayor controversia despierta.

Derogación de estatutos profesionales:

Incluye, entre otros, el estatuto del periodista.

Supresión del fondo para el financiamiento del INCAA:

Otro punto que genera resistencia en bloques opositores.

Estos ejes marcan el terreno de la disputa política inmediata. El oficialismo apuesta a cerrar filas y evitar cambios que reabran la discusión en el Senado. La oposición, por su parte, analiza los márgenes reglamentarios y políticos para introducir modificaciones que alteren el texto.

En una semana corta y de logística exigente, la Cámara de Diputados se convierte así en el escenario decisivo de una pulseada que combina estrategia parlamentaria, cálculo temporal y una fuerte carga simbólica. La reforma laboral no es sólo un proyecto más: es la pieza que el Gobierno quiere exhibir como prueba de que su programa de transformación avanza sin pausa.