El paro de colectivos impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con convertirse en un caso testigo para la gestión de Javier Milei. La medida de fuerza, que dejó sin transporte a unos 4,5 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), reflota el debate sobre la capacidad del Gobierno para negociar con el sindicalismo, al tiempo que impacta de lleno en la vida cotidiana de millones de trabajadores.
Durante la mañana del martes circularon versiones sobre una nueva instancia de negociación convocada por el secretario de Transporte, Luis Pierrini. Sin embargo, fuentes cercanas al funcionario desmintieron la información a Infobae y señalaron que "la UTA fue recibida ayer por el Ministerio de Trabajo y ya tuvo su convocatoria paritaria".
El conflicto escaló luego de que la Secretaría de Trabajo se apartara de las negociaciones por la falta de avances entre las partes. Desde entonces, la gestión del conflicto quedó en manos de Transporte. Sin un canal oficial de diálogo activo, el paro se mantiene y el riesgo de una extensión por tiempo indeterminado crece, pese a que el gremio aclaró más tarde que esa posibilidad no estaba confirmada.
Este miércoles está prevista una audiencia entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), en el marco de las paritarias a nivel nacional. Hasta ahora, el conflicto se centraba en las empresas del AMBA, pero sorpresivamente el sindicato extendió la medida a todo el país.
Para el oficialismo, el conflicto remite al que enfrentó en 2024 con los sindicatos de Aerolíneas Argentinas, aunque con mayor impacto social: el colectivo es el transporte esencial de millones de personas con menos recursos, que no tienen alternativas.
A diferencia del caso Aerolíneas, donde los empleados contaban con salarios elevados y convenios beneficiosos, los choferes de colectivos no perciben aumentos desde diciembre, según denunció la UTA. Cualquier mejora salarial implica necesariamente revisar el esquema de subsidios al transporte y, eventualmente, las tarifas, lo cual excede la órbita de Trabajo y compromete directamente a Transporte y al Ministerio de Economía.
La postura intransigente del gremio refleja la debilidad del sindicalismo dialoguista, al que pertenece su titular, Roberto Fernández. La UTA, que no adhirió al último paro general de la CGT, hoy endurece su estrategia tras no lograr avances salariales en la mesa de negociación.
Fernández lidera la UTA desde 2006 y se ha caracterizado por mantener un perfil bajo y una línea negociadora con todos los gobiernos. Su giro táctico pone al Ejecutivo ante un dilema: dejar que el paro desgaste al gremio o abrir una vía de diálogo que evite que Fernández se posicione como un nuevo referente combativo en un año electoral.
En medio del conflicto, se reactivó una vieja discusión legislativa. El diputado del PRO Gerardo Milman presentó un proyecto para declarar el transporte público de pasajeros como servicio esencial. La iniciativa, que había sido incluida en el DNU 70 ahora frenado por la Justicia, busca garantizar al menos el 50% del servicio en contextos de huelga. "Debemos poner fin a los abusos de ciertos sectores sindicales que convierten a los ciudadanos en rehenes", argumentó Milman.