Patricia Bullrich impulsará una ley Antibarras en el Congreso
Apuntan a endurecer penas contra grupos delictivos y buscarán establecer responsabilidades de dirigentes de clubes.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará este lunes el proyecto de Ley Antibarras, una iniciativa destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas en el fútbol argentino. Este anuncio llega en un momento de alta tensión política y social, tras la masiva manifestación de jubilados contra el ajuste del presidente Javier Milei, que el Gobierno denominó como la "marcha de los barras".

El proyecto fue elaborado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y cuenta con el respaldo del presidente Milei. Su presentación ocurre pocos días después de los incidentes ocurridos en el Congreso, que dejaron 124 detenidos y 20 heridos, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra hospitalizado en grave estado tras recibir el impacto de una granada lacrimógena.

Detalles del proyecto de Ley Antibarras

Según fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad, la nueva legislación buscará declarar a las barrabravas como un tipo especial de "asociación ilícita", lo que permitiría tratarlas como organizaciones criminales. Además, el proyecto prevé sanciones específicas para los dirigentes de los clubes de fútbol que mantengan vínculos con estos grupos, ya sea facilitándoles entradas o brindándoles apoyo logístico. En caso de encontrarse responsables, los dirigentes podrían enfrentar penas de hasta seis años de prisión.

Entre las medidas específicas contempladas en el proyecto, se destacan:

Penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo a estos grupos.

Sanciones severas para aquellos que promuevan o participen en hechos de violencia.

La erradicación de cualquier tipo de connivencia entre barrabravas y dirigentes deportivos.

La ministra Bullrich brindará mayores detalles sobre la iniciativa durante una conferencia de prensa programada para este lunes 17 de marzo a las 15:45 en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Postura del Gobierno ante la represión en el Congreso

Horas después de la violenta jornada en el Congreso, Bullrich justificó el accionar de las fuerzas policiales. "Vinieron preparados para matar. Venían a todo, a tomar el Congreso. Secuestramos armas de fuego, armas blancas y distintos tipos de miguelitos para pinchar los neumáticos de los patrulleros", declaró la funcionaria.

En este contexto, la ministra también exigió al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que expulse de los clubes a los hinchas que participaron en la manifestación. "No solo debemos imponerles el derecho de admisión, sino que directamente deben ser expulsados", afirmó Bullrich.

A pesar de las críticas, el presidente Javier Milei reafirmó su respaldo a la ministra de Seguridad. Durante su participación en ExpoAgro, el mandatario expresó: "En materia de seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los que rompen autos y amenazan a la gente porque no quieren perder sus curros son los malos".

Controversia judicial: jueza niega información sobre barrabravas en la marcha

Mientras el Gobierno insiste en que la represión en el Congreso estuvo justificada, la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos tras la marcha, aseguró que no recibió información oficial sobre la presencia de barrabravas en la movilización.

"Nadie me proporcionó evidencia concreta de que hubiera barrabravas. Hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos legales mínimos", declaró la magistrada. Además, explicó que las investigaciones continúan en curso y que el Ministerio Público Fiscal está a cargo de esclarecer los hechos.

Una medida que abre el debate

La presentación de la Ley Antibarras marca un nuevo capítulo en la política de seguridad del Gobierno de Milei. Mientras la administración busca endurecer las sanciones contra la violencia en el fútbol, la controversia en torno a la represión de la marcha de jubilados sigue generando fuertes cuestionamientos. La aplicación de esta normativa y su impacto real en la seguridad deportiva y social estarán bajo la lupa en los próximos meses.