El escándalo protagonizado por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, sigue generando repercusiones en toda la provincia. La jefa comunal, que había solicitado licencia por motivos de salud el 22 de mayo, fue descubierta días después vacacionando en un resort de República Dominicana junto a su hija —también funcionaria municipal—, lo que desató una ola de indignación social, protestas y denuncias penales.
En medio de ese clima, comenzó a circular en conversaciones políticas una pregunta sensible:
¿Podría intervenir el Gobierno de Catamarca al municipio de Valle Viejo?
¿Hay un pedido de intervención?
Por el momento, no existe ningún pedido formal de intervención por parte de la Legislatura ni del Poder Ejecutivo provincial. Tampoco hay resolución judicial que ordene dicha medida. Sin embargo, el episodio ha abierto un debate institucional y jurídico: ¿bajo qué condiciones sería posible una intervención?
¿Cuándo es factible una intervención municipal?
La intervención de un municipio es una herramienta legal prevista por las constituciones provinciales argentinas para situaciones de extrema gravedad institucional, tales como:
Vacancia o acefalía prolongada del Ejecutivo municipal.
Incumplimiento sistemático de los deberes públicos.
Corrupción estructural o malversación comprobada.
Imposibilidad de funcionamiento de los poderes locales.
En este caso, algunos sectores de la oposición señalan que podría haber configurado un abandono del cargo, ya que la intendenta presentó una licencia médica sin delegar funciones ni comunicar su ausencia real.
Además, se investiga si fondos públicos fueron utilizados para costear el viaje, lo cual agravaría la situación legal de Zenteno.
¿Qué implicaría una intervención?
Una eventual intervención debería ser declarada por la Legislatura provincial y avalada por el Poder Ejecutivo de Catamarca. Esto permitiría designar un interventor temporal que reemplace a las autoridades locales, ordene las cuentas públicas y garantice el funcionamiento del municipio mientras se resuelve la situación institucional.
¿Qué dicen las autoridades?
Desde el entorno de Zenteno, el secretario general del municipio reconoció que hubo un "olvido" al no firmar el decreto correspondiente a la licencia y delegación de funciones. Mientras tanto, la oposición ya presentó denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, y se está evaluando un juicio político.
El malestar social es creciente. Sindicatos y vecinos denuncian abandono, precariedad laboral y falta de transparencia.
Aunque no hay un proceso de intervención en marcha, el escándalo generado por el viaje al Caribe durante una supuesta licencia médica reactivó el debate sobre los límites de la responsabilidad institucional.
Si la situación se agrava, y especialmente si se comprueban delitos o incapacidad de gestión, una intervención por parte del Ejecutivo provincial podría pasar de la teoría a la práctica.
