Dirigentes de la oposición cuestionaron este viernes la decisión del Gobierno de derogar el decreto de Mauricio Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes a la Argentina y agilizaba el trámite para expulsar a inmigrantes que cometieran delitos en el país.

Una de las primeras en hacerlo fue la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter: “El Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Otro de los que usó las redes para expresar su rechazo a la medida fue Rogelio Frigerio, exministro del Interior de Macri. “El gobierno sigue retrocediendo.Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”, lanzó.

El exfuncionario defendió la medida impuesta por Mauricio Macri al asegurar que “respetaba las garantías reconocidas internacionalmente” y que gracias a su aplicación “bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno los índices delictuales”.

El Gobierno nacional derogó este viernes el decreto de la gestión de  Mauricio Macri a través del que se había modificado la Ley de Migraciones para establecer mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizar el trámite de expulsión de los inmigrantes que cometan delitos en la Argentina.

La norma se hizo efectiva a través de la resolución 138/2021 firmada por el presidente Alberto Fernández  y sus ministros.

En enero de 2017, la gestión de Mauricio Macri creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” que tenía como objetivo negar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y expulsar a los inmigrantes que cometieran delitos en el país con mayor velocidad. Por aquel entonces, se argumentó que cada el Estado “tenía la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”.

La gestión de Juntos por el Cambio sostenía que habían detectado un incremento de las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Por ese motivo puso en marcha una serie de cambios en la política migratoria y en el período 2016-2019 se expulsaron a 3000 extranjeros.

Tras el arribo del gobierno de Alberto Fernández, el Centro de Estudios Legales y Sociales; Amnistía Internacional y otras organizaciones le solicitaron al Presidente derogar la medida.