Una iniciativa legislativa presentada en la provincia de Buenos Aires abrió un intenso debate entre el oficialismo, la oposición y el sector agropecuario. La diputada provincial Lucía Klug, integrante del bloque Unión por la Patria, propuso la creación de un impuesto ambiental aplicado a las emisiones de metano generadas por la ganadería, lo que en la práctica se traduciría en una tasa sobre las ventosidades —o, más precisamente, sobre los eructos— del ganado bovino.

El proyecto, que ya circula entre las comisiones legislativas, plantea la implementación de un fondo fiduciario que destinaría los recursos recaudados a financiar proyectos de gestión adecuada de residuos sólidos urbanos. Klug fundamentó su iniciativa en el principio de responsabilidad extendida del productor y aseguró que se trata de una herramienta para abordar los desafíos del cambio climático y reducir la contribución provincial a los gases de efecto invernadero.

Según la legisladora, la ganadería es un sector que demanda una revisión profunda de sus prácticas debido a su participación en la emisión de metano, uno de los gases con mayor potencial de calentamiento global. Bajo su perspectiva, el gravamen permitiría equilibrar las cargas ambientales y ofrecer alternativas para compensar esas emisiones a través de políticas sostenibles de reciclado y tratamiento de residuos.

Sin embargo, la propuesta fue recibida con fuertes críticas por parte de entidades del agro, que consideraron la iniciativa inviable y carente de sustento técnico. Uno de los cuestionamientos más contundentes vino de parte de Ignacio Kovarsky, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quien señaló que el proyecto simplifica de manera equivocada la dinámica de emisiones del sector.

"El agro en el mundo emite alrededor del 20% de los gases de efecto invernadero, y los bovinos, aproximadamente el 10%", explicó Kovarsky. De todos modos, remarcó que "la industria, los suministros de energía y el transporte son responsables de más del 70% de las emisiones", y advirtió que centrar el debate exclusivamente en la ganadería constituye una mirada parcial que no se corresponde con los datos globales.

El dirigente rural también aclaró un punto técnico que, según él, está ausente en el planteo legislativo: la principal emisión de metano de las vacas ocurre a través de los eructos y no por las ventosidades, como habitualmente se menciona. "El sistema argentino es mucho más receptor de gases de efecto invernadero que emisor, por la enorme superficie de pastizales y cobertura vegetal existente", agregó, destacando que el país cuenta con vastas áreas capaces de capturar carbono.

Kovarsky fue todavía más lejos al calificar de "desactualizada" la mirada que considera únicamente las emisiones sin contemplar el balance de carbono. "Hablar solo de emisión es antiguo; hoy se discute el concepto de balance, que mide simultáneamente lo que se emite y lo que se captura", afirmó. Desde su perspectiva, cualquier medida ambiental debe basarse en esa lógica y no en un impuesto que, sostuvo, agravaría la situación económica de los productores.

El presidente de Carbap cuestionó también la falta de información en el proyecto de Klug, al considerar que la diputada "habla de ganadería responsable y de proyección sin tener en cuenta la realidad del sector". En ese sentido, aseguró que "lo menos responsable que hay es gravar con otro impuesto a los productores", en un contexto en el que el agro ya enfrenta una elevada carga impositiva y una marcada incertidumbre económica.

El debate recién comienza, pero la iniciativa ya logró lo que pocos proyectos provinciales suelen conseguir: instalarse en la agenda pública y dividir opiniones entre quienes ven en la propuesta un paso hacia políticas ambientales más ambiciosas y quienes la consideran un despropósito técnicamente inviable. El tratamiento legislativo en las próximas semanas definirá si la idea prospera o si queda archivada como una de las polémicas más llamativas del año.