En medio del conflicto que afecta a la actividad portuaria en distintos puntos del país, la Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje a reanudar de manera inmediata sus funciones en todos los puertos argentinos.
La decisión del Gobierno fue formalizada este martes mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la autoridad marítima dispuso la notificación e intimación a los profesionales habilitados para que vuelvan a prestar los servicios para los cuales se encuentran autorizados.
El documento difundido por la Prefectura sostiene que, en su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina, aprobado por el Decreto Nº 690/2026, se notifica e intima a los profesionales a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje y pilotaje, con el objetivo de cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en dicha normativa.
La medida oficial busca normalizar la actividad en un contexto en el que el conflicto continúa afectando el funcionamiento de los principales puertos del país y mantiene importantes demoras en la operatoria marítima.
Persisten 140 buques detenidos
Pese a la intimación emitida por la Prefectura Naval Argentina, el conflicto continúa generando consecuencias sobre el sistema portuario nacional. Hasta el momento permanecen 140 buques detenidos, como consecuencia de la medida de fuerza impulsada por los profesionales encargados de asistir a las embarcaciones durante las maniobras de ingreso y salida de ríos, canales y puertos.
La interrupción del servicio de practicaje y pilotaje mantiene paralizada parte de la actividad portuaria y repercute directamente sobre la operatoria vinculada al comercio exterior, dado que estos profesionales cumplen una función esencial para la navegación en las principales vías navegables del país.
La situación adquiere especial relevancia porque el trabajo de los prácticos, pilotos y baqueanos resulta indispensable para garantizar el desplazamiento seguro de los buques en sectores de navegación compleja.
Los puertos más afectados por la medida
El impacto del conflicto se concentra especialmente en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, considerados el principal polo agroexportador del país.
En estas terminales varios buques permanecen fondeados mientras esperan autorización para ingresar y desarrollar sus operaciones, debido a la interrupción de los servicios de practicaje y pilotaje. La paralización de estas maniobras afecta el movimiento habitual de las embarcaciones y condiciona el funcionamiento de las operaciones portuarias que dependen del ingreso y egreso de los buques a través de los ríos, canales y accesos habilitados.
En contraste con este escenario, los buques que transportan petróleo y gas continúan operando con normalidad. Según lo informado, esa decisión responde a la necesidad de no afectar el abastecimiento interno de combustibles.
El origen del conflicto
La medida de fuerza tiene su origen en la modificación del marco regulatorio que rige la actividad del practicaje. Desde el sábado 1° de agosto, los prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron no aceptar nuevas asignaciones de trabajo hasta que el Gobierno suspenda o derogue el Decreto 690.
El conflicto enfrenta al Gobierno con los profesionales del sector a partir de los cambios introducidos por esa normativa, que modifica las reglas aplicables al servicio encargado de asistir a los buques durante las maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
Los prácticos son considerados actores fundamentales para la seguridad de la navegación en sectores complejos, como ríos, canales y accesos portuarios. Su intervención resulta clave para el tránsito de embarcaciones por el río Paraná y el Río de la Plata, vías por las que circula gran parte de las exportaciones argentinas.
El Decreto 690 y los cambios introducidos
El detonante del conflicto fue la publicación del Decreto 690, difundido el 31 de julio en el Boletín Oficial. La norma reemplaza el reglamento que regulaba la actividad desde 1991 e incorpora modificaciones en distintos aspectos del servicio de practicaje y pilotaje.
Entre los principales cambios establecidos por el decreto se encuentran:
- Eliminación del límite de cupos para que un profesional pueda inscribirse como práctico.
- Autorización para que armadores y agencias marítimas contraten directamente a los prácticos.
- Establecimiento de topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
- Habilitación para que capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona puedan navegar sin necesidad de contratar un práctico.
Estos cambios motivaron la decisión adoptada por los profesionales del sector de interrumpir la aceptación de nuevas asignaciones laborales, medida que mantiene afectada la actividad portuaria y que derivó en la intimación oficial emitida por la Prefectura Naval Argentina para que más de 500 trabajadores retomen de inmediato la prestación de sus servicios.