Con la mirada puesta en el lunes 27 de octubre, el día después de las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei diseña una profunda reconfiguración del Gabinete. La Casa Rosada proyecta relanzar la gestión con cambios en áreas clave del Estado, redefinir prioridades y ajustar su estructura para encarar la segunda etapa del mandato, centrada en el crecimiento económico.

Tras una primera fase enfocada en la estabilización macroeconómica, el oficialismo planea reorganizar la distribución de funciones, especialmente en Infraestructura, un área que quedó sin conducción ministerial tras la salida de Guillermo Ferraro. Actualmente, sus secretarías —Transporte, Obras Públicas, Vivienda, Comunicaciones y Conectividad, y Concesiones— dependen del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque en la práctica la coordinación está dispersa.

En Balcarce 50 reconocen que la falta de equipos técnicos y de planificación limita la capacidad del Estado para avanzar en proyectos de desarrollo junto al sector privado, una crítica que se repite en encuentros con empresarios. "Nos reclaman que no hay nadie a cargo de la planificación", admiten.

El Gobierno enfrenta también dificultades para mejorar la rentabilidad de modelos de concesión y privatización de servicios, obras y empresas públicas. En la Casa Rosada hay malestar por los obstáculos en la tasación de bienes estatales, que dependen del Tribunal de Tasación de la Nación, bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas que lidera Luis Giovine.

Un caso emblemático es el de los más de 10.000 kilómetros de rutas nacionales, cuyas licitaciones están fragmentadas en tramos y sufren importantes demoras. "Estamos buscando cómo hacerlas más atractivas para las empresas", explican desde el Ejecutivo.

Además, el oficialismo reconoce que no avanzan los informes técnicos necesarios para enviar al Congreso sobre las privatizaciones de empresas públicas. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, proyecta retomar el proceso a partir de 2026.

En cuanto a la obra pública, el Gobierno busca implementar un modelo de concesiones al estilo chileno, priorizando infraestructura hídrica y de transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo. Sin embargo, no lograron aún transferir a privados o provincias las 17.000 obras del Procrear. En paralelo, Nación destinaría fondos para proyectos estratégicos no rentables para el sector privado, aunque ese esquema todavía no fue activado.

En el rediseño del Gabinete, el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, es uno de los que podrían ser relocalizados, tras la pérdida de relevancia luego de la caducidad de las facultades delegadas. La idea es asignarle nuevas funciones vinculadas a la microeconomía.

Otra cartera bajo análisis es Seguridad, ante la salida de Patricia Bullrich, quien será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. En la Casa Rosada se barajan opciones como fusionarla con Justicia, en medio de versiones sobre una posible renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

El Ejecutivo también evalúa cambios en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el renombramiento del Ministerio de Defensa, que podría pasar a llamarse "Ministerio de Guerra". Asimismo, en el marco de los acuerdos políticos post-electorales, no descartan sumar dirigentes aliados, principalmente del PRO, al esquema de gobierno.

Por último, la Secretaría de Comunicación y Medios quedaría bajo la órbita de Javier Lanari, aunque en el oficialismo admiten que es incierto el futuro del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien podría no completar su mandato como legislador porteño en 2026.