El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación sumó este 24 de abril de 2026 un capítulo decisivo con la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional por parte de Ámbito Financiero. La demanda busca que se restituya de manera inmediata el acceso a la Casa Rosada para sus periodistas acreditadas, luego de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del ingreso a la prensa.

La medida judicial tiene como objetivo central garantizar el retorno al trabajo de Liliana Franco y Cecilia Camarano, cronistas históricamente acreditadas en la sede gubernamental. Ambas quedaron impedidas de ingresar tras una decisión que alteró abruptamente las condiciones habituales de cobertura periodística.

El planteo no sólo apunta a una restitución operativa, sino que instala una discusión de fondo: la legalidad y proporcionalidad de una restricción que impacta directamente sobre derechos constitucionales.

El amparo y la medida cautelar: claves del reclamo

La acción judicial fue impulsada por NEFIR S.A. y Editorial Amfin S.A., empresas responsables de la publicación del medio. En su presentación, incluyeron un pedido de medida cautelar innovativa, una herramienta que busca revertir de forma urgente los efectos de la decisión estatal.

En términos concretos, el reclamo solicita que la Justicia ordene:

• El levantamiento inmediato del bloqueo de acceso a la prensa
• La restitución de las acreditaciones vigentes
• La normalización del trabajo periodístico en la Casa Rosada

El fundamento central es la presunta vulneración de derechos básicos, entre ellos:

• Libertad de expresión
• Acceso a la información pública
• Ejercicio profesional del periodismo

Según el planteo, la restricción carece de sustento judicial previo y presenta un alcance desproporcionado.

El origen del conflicto: una decisión abrupta y sin aviso

El detonante del conflicto se produjo el día anterior, cuando el Gobierno decidió dar de baja la huella digital y los permisos de ingreso de todos los periodistas acreditados. La medida, ejecutada sin previo aviso, impidió el acceso habitual de cronistas, camarógrafos y reporteros gráficos que trabajan diariamente en Balcarce 50.

El resultado inmediato fue la paralización de la sala de prensa presidencial, dejando sin funcionamiento uno de los principales canales de cobertura institucional.

La decisión fue ordenada por la Casa Militar, el área encargada de la seguridad presidencial y el control de accesos, lo que refuerza el argumento oficial vinculado a cuestiones de seguridad.

Seguridad nacional vs. sanción generalizada

Desde el Ejecutivo, la restricción fue justificada como una medida preventiva de seguridad nacional, vinculada a una denuncia penal por presunto espionaje ilegal. La acusación recae sobre periodistas de la señal Todo Noticias (TN), quienes habrían filmado zonas comunes del edificio utilizando lentes inteligentes sin autorización.

A partir de ese episodio, el Gobierno decidió extender la restricción a toda la prensa acreditada, argumentando la necesidad de preservar la seguridad interna y realizar verificaciones.

Sin embargo, este punto constituye uno de los ejes centrales del amparo. Ámbito sostiene que:

• Aun si existiera una conducta irregular individual,
• No resulta razonable ni lawful aplicar una sanción indiscriminada,
• Ni restringir el acceso a periodistas no involucrados en la denuncia.

El planteo jurídico enfatiza la desproporción de la medida y la ausencia de una resolución judicial que respalde una restricción de tal magnitud.

Un contexto de creciente tensión

El caso se inscribe en un escenario más amplio de fricción entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa. Este contexto ha estado marcado por:

• Discursos oficiales hostiles hacia medios y periodistas
• Revocaciones selectivas de acreditaciones
• Acusaciones de espionaje y operaciones políticas

Diversos periodistas afectados calificaron la medida como una restricción sin precedentes en democracia, mientras que organismos del sector alertaron sobre el impacto institucional de cerrar el principal ámbito de cobertura del Poder Ejecutivo.

El peso simbólico del caso también es significativo. Ámbito Financiero es un medio con amplia trayectoria en cobertura política y económica, y Liliana Franco cuenta con más de 30 años de acreditación en la Casa Rosada, lo que refuerza la dimensión histórica del conflicto.

Repercusiones políticas y posibles derivaciones

En paralelo a la acción presentada por Ámbito, otros sectores del periodismo evalúan iniciativas judiciales similares o acciones colectivas. A nivel político, diputados de la oposición ya reclamaron explicaciones formales y anticiparon la posible activación de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.

Asimismo, organizaciones periodísticas y sindicatos manifestaron su preocupación por el precedente que implica limitar administrativamente el acceso a una fuente central de información pública.

La postura oficial y la incertidumbre vigente

Desde el Ejecutivo, las explicaciones se mantienen alineadas con la hipótesis de seguridad. Funcionarios cercanos sostienen que la medida:

• No implica censura
• No responde a una orientación política contra los medios
• Es de carácter transitorio

Según esta versión, el objetivo es revisar cámaras, pasillos y sistemas internos. Sin embargo, hasta el momento no se ha comunicado:

• Un plazo concreto para la restitución del acceso
• Un mecanismo claro para normalizar la situación

Esta falta de definiciones alimentó la incertidumbre y aceleró la judicialización del conflicto.