Diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron este miércoles un recurso de amparo en la Justicia Federal de Catamarca contra el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por discapacidad que, según denunciaron, fueron suspendidas de manera "ilegal, arbitraria e ilegítima" a cientos de beneficiarios en la provincia.
La acción judicial fue impulsada por los legisladores Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr, y contó con la adhesión de Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta.
El amparo solicita que se restituyan las pensiones y se reintegren los montos adeudados desde la suspensión. También exige la reactivación inmediata del programa de salud Incluir Salud, del que los afectados fueron excluidos.
Los diputados fundamentaron el recurso en la vulneración de derechos fundamentales y en la inconstitucionalidad del artículo 1, inciso (i), del Anexo I del Decreto 432/97 (modificado por el Decreto 843/24), que establece como requisito para acceder a la pensión no poseer bienes ni ingresos suficientes. Argumentan que este criterio contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), de jerarquía constitucional en Argentina.
La presentación señala que las suspensiones se hicieron sin comunicación previa, dejando a los beneficiarios en una situación de desprotección y abandono. Denuncian que la decisión de la ANDIS fue intempestiva y que los afectados se enteraron recién al intentar cobrar sus haberes.
El escrito enfatiza que esta medida pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas con discapacidad, ya que en muchos casos la pensión constituye su único sustento. Además, advierte que el criterio oficial no contempla los gastos adicionales que implica vivir con una discapacidad, como tratamientos médicos, equipamiento especializado o adaptaciones en el hogar.
El amparo también detalla la vulneración de derechos humanos básicos: a la protección social, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la autonomía y al principio de no regresividad reconocido en tratados internacionales, que prohíbe a los Estados adoptar medidas que reduzcan la protección alcanzada en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La presentación fue radicada en la Justicia Federal con el patrocinio del abogado magíster Carlos Hernán Vera.