El Congreso nacional volvió a quedar en el centro del debate sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida tras la presentación de un proyecto de ley que propone legalizar la eutanasia y la muerte asistida en Argentina.
La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional socialista Esteban Paulón, integrante del espacio Provincias Unidas, y lleva el nombre de "Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida".
El texto busca reconocer el derecho de toda persona a "solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria" en determinadas circunstancias vinculadas a enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes. Según plantea el proyecto, podrán acceder al procedimiento quienes atraviesen situaciones que generen sufrimiento físico o psíquico considerado "constante e intolerable".
La propuesta reabre una discusión que ya tuvo distintos intentos legislativos en los últimos años y que involucra cuestiones médicas, éticas, jurídicas y religiosas.
Las dos modalidades previstas en la iniciativa
El proyecto distingue dos mecanismos distintos dentro del régimen de muerte voluntaria médicamente asistida. Por un lado, contempla la eutanasia, definida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud.
Por otro, incorpora la figura de la muerte asistida, modalidad en la que es el propio paciente quien se autoadministra la medicación previamente suministrada por un médico.
Ambos procedimientos quedarían incorporados formalmente al sistema sanitario argentino y tendrían cobertura obligatoria. La iniciativa establece que hospitales públicos, obras sociales y empresas de medicina prepaga deberán garantizar el acceso a estas prácticas sin aplicar copagos adicionales.
Los requisitos para acceder a la práctica
El texto fija una serie de condiciones específicas que deberán cumplirse para acceder al procedimiento. Entre los principales requisitos aparecen:
- Ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año
- Tener más de 16 años
- Padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico imposibilitante
- Contar con certificación médica correspondiente
- Manifestar la voluntad de forma libre, consciente e informada
El proyecto también establece que la decisión no podrá estar condicionada por presiones externas y contempla mecanismos para garantizar la autonomía de la persona solicitante. Además, exige la realización de dos solicitudes separadas por un plazo mínimo de 15 días y reconoce el derecho del paciente a revocar su decisión en cualquier momento del proceso.
El rol de los profesionales y de la Comisión de Evaluación
La iniciativa prevé un esquema de intervención médica e institucional específico antes de autorizar la práctica. El procedimiento deberá contar con la participación de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario. Ese equipo estará integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética.
Además, el proyecto dispone la intervención obligatoria de una Comisión de Evaluación y Garantías, organismo que deberá analizar cada caso antes de aprobar la realización del procedimiento.
El texto aclara expresamente que la asistencia médica para morir debe considerarse una "opción excepcional" dentro de los cuidados al final de la vida. También establece que el sistema de salud deberá garantizar previamente el acceso efectivo a tratamientos paliativos antes de habilitar cualquiera de las modalidades previstas.
Objeción de conciencia y cambios legales
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el reconocimiento de la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud. Sin embargo, el proyecto aclara que las instituciones sanitarias no podrán negarse a realizar el procedimiento por razones ideológicas o religiosas.
En paralelo, la propuesta incorpora modificaciones al Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que practique una eutanasia o muerte asistida cumpliendo todos los requisitos establecidos por la ley.
Además, el texto prevé cambios en:
- La Ley de Derechos del Paciente
- El Código Civil y Comercial
Las modificaciones buscan incorporar la posibilidad de dejar directivas anticipadas relacionadas con la asistencia médica para morir.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos de la iniciativa, Paulón sostiene que el objetivo central es garantizar la autonomía de las personas sobre las decisiones vinculadas al final de su vida.
"La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive", argumenta el texto presentado en el Congreso. El diputado también menciona antecedentes internacionales y cita legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia. Actualmente, en Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos. Sin embargo, tanto la eutanasia como el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.
Las posibilidades de avance en el Congreso
En declaraciones a TN, Paulón aseguró que considera posible alcanzar consensos legislativos para avanzar con el debate parlamentario.
Según indicó, "hay votos en todos los bloques", aunque reconoció que la Iglesia tendrá un rol de fuerte oposición al proyecto. En los últimos años fueron presentadas al menos cinco iniciativas relacionadas con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
Entre los proyectos ingresados al Congreso figuran propuestas denominadas:
- "Ley de Buena Muerte"
- "Buena muerte médicamente asistida"
- "Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida"
Las iniciativas fueron impulsadas por legisladores de distintos espacios políticos, reflejando un debate transversal dentro del Parlamento. Hasta el momento, sin embargo, no hubo acuerdo suficiente para avanzar hacia un texto unificado que pudiera llegar al recinto.
Según se detalló, existen proyectos impulsados tanto desde sectores opositores como entre espacios aliados al gobierno de Javier Milei. Dentro de Provincias Unidas, Pablo Juliano, de la UCR, y Sergio Capozzi, del PRO, también expresaron posiciones favorables a una reglamentación sobre eutanasia.
Asimismo, se recordó que Alfredo Cornejo presentó un proyecto en 2021 junto a Mariana Juri, mientras que en junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto.
En Unión por la Patria también existen iniciativas vinculadas al tema, entre ellas una impulsada por Gabriela Estévez y otra firmada por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.
De esta manera, el debate sobre la eutanasia vuelve a instalarse en el Congreso argentino con un escenario político atravesado por posiciones diversas y con múltiples proyectos que, aunque diferentes entre sí, mantienen abierta la discusión sobre el derecho a decidir en el final de la vida.