El Gobierno nacional condiciona su agenda parlamentaria de enero al resultado de la votación del Presupuesto 2026, prevista para este viernes en el Senado, antes del receso de fin de año. La definición será clave para establecer la hoja de ruta del Ejecutivo y el alcance de las sesiones extraordinarias.

En la Casa Rosada sostienen que cuentan con más de 40 votos para aprobar el proyecto en general, aunque advierten que el escenario permanece abierto en el tratamiento capítulo por capítulo. El foco está puesto especialmente en el capítulo educativo, cuyos cambios podrían tener impacto directo en las provincias, incluida Catamarca, en materia de financiamiento.

Según fuentes oficiales, si el Presupuesto se aprueba sin modificaciones, el Ejecutivo retomará las sesiones extraordinarias en la última semana de enero, con una fecha tentativa a partir del 26. En cambio, si la oposición introduce cambios y el texto debe volver a la Cámara de Diputados, el Gobierno evalúa extender las extraordinarias hasta la primera semana de enero.

"El final es incierto. Hasta que no estén los senadores sentados y voten, no damos nada por hecho", reconocen en el oficialismo. La mesa política del presidente Javier Milei seguirá la sesión en tiempo real para activar negociaciones si se alteran los acuerdos previos.

Desde Balcarce 50 confirmaron que estarán presentes en el Congreso el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. No se descarta la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La encargada de articular los apoyos en el Senado fue la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

"Puede pasar cualquier cosa", repiten cerca del Presidente, y admiten que el escenario es abierto y dinámico. La principal preocupación del Gobierno se concentra en el capítulo educativo, que propone derogar normas que establecen pisos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología y defensa.

Entre los puntos más sensibles figura el artículo que elimina el piso del 6% del PBI para la inversión educativa, una medida que genera fuerte resistencia en la oposición y que podría ser objeto de modificaciones. Lo mismo ocurre con las normas de financiamiento científico y tecnológico, que fijan metas graduales de inversión y criterios de distribución de fondos.

Si bien en el Ejecutivo aseguran que la instrucción presidencial es que el Presupuesto se apruebe tal como salió de Diputados, admiten que no descartan cambios parciales. El objetivo central es enviar una señal de control político y fiscal a los mercados, en la antesala de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por más de US$4.000 millones.

En paralelo, la Casa Rosada avanza en planes de contingencia sobre el esquema de gasto. Equipos técnicos del jefe de Gabinete trabajan en un decreto de reasignación de partidas, luego del rechazo al capítulo once del Presupuesto, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.
"No va a haber déficit y los aumentos van a ser a nuestro gusto", sostienen desde el entorno presidencial.