Durante la sesión del Senado de la Nación en la que se aprobó el Presupuesto nacional 2026, los senadores por Catamarca expusieron posiciones diferenciadas frente al proyecto impulsado por el Gobierno nacional, en un debate atravesado por cuestionamientos al ajuste y al financiamiento de áreas sensibles como educación, salud y ciencia.
La senadora Lucía Corpacci, integrante del bloque Justicialista, votó en contra del Presupuesto tanto en general como en particular, en línea con la postura adoptada por el resto de su bancada. En tanto, el senador Flavio Fama, de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañó el proyecto en general y en la mayoría de los capítulos, pero rechazó el Capítulo 2, donde se incluyeron los artículos 12 y 30. Por su parte, el senador Guillermo Andrada, del bloque Convicción Federal, votó a favor del Presupuesto en general y en particular.
Durante el plenario, tanto Fama como Corpacci adelantaron el sentido de su voto. El legislador radical calificó como una "buena noticia" que el Congreso trate un Presupuesto luego de varios años de postergaciones, y valoró el logro del Gobierno en la baja de la inflación, así como el compromiso presidencial de no vetar la ley. No obstante, expresó una fuerte disidencia frente a lo que consideró una "absurda obstinación" económica contra la educación pública.
Fama explicó que no acompañaría los artículos 12 y 30. En relación al primero, señaló que, si bien respalda los mecanismos de transparencia, rechazó otorgar a un funcionario la facultad discrecional de interrumpir transferencias a las universidades, al considerar que la Ley de Administración Financiera ya establece procedimientos claros de rendición de cuentas.
Respecto del artículo 30, sostuvo que su eliminación desactiva el "blindaje" que garantiza el financiamiento de la ciencia y de las escuelas técnicas. En ese marco, advirtió una contradicción en la estrategia oficial: mientras el Gobierno impulsa sectores como el agro, la minería y la industria del conocimiento, avanza en recortes sobre la formación de los recursos humanos necesarios para su desarrollo. Finalmente, y pese a respaldar el equilibrio fiscal, afirmó que no puede avalar la eliminación de metas aspiracionales como el piso del 6% del PBI destinado a educación.
Por su parte, la senadora Lucía Corpacci expresó un rechazo integral al proyecto, al considerar que el texto expone una voluntad política de "destruir la presencia del Estado" en áreas sensibles. Aunque señaló que inicialmente evaluó acompañarlo por respeto institucional, denunció maniobras legislativas para incorporar artículos que afectan a la discapacidad y a la universidad pública, lo que terminó de definir su voto negativo.
En materia de salud, Corpacci advirtió una caída real del 2,1% del presupuesto del sector y detalló recortes del 8,4% en el Incucai y del 91,5% en Salud Mental. También cuestionó el aumento asignado al Hospital Garrahan, al considerar que no alcanza para cubrir la ley de emergencia pediátrica, y rechazó la eliminación del certificado de vacunación obligatoria para la AUH, además del desfinanciamiento de programas de prevención del VIH.
La legisladora puso el foco, además, en la crisis social, al señalar una reducción del 17% en las partidas para comedores escolares y la falta de fondos para infraestructura básica y saneamiento en las provincias. Finalmente, repudió el artículo 30 por derogar el financiamiento de las escuelas técnicas y el piso del 6% del PBI para educación, al advertir que estas instituciones representan una herramienta clave de movilidad social para los jóvenes del interior.
Qué cambia el Capítulo 2: fondos para universidades y recortes en educación y ciencia
El artículo 12 del Capítulo 2 establece que las universidades nacionales recibirán recursos por 4,8 billones de pesos, pero impone nuevos requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a esos fondos.
El artículo 30 también fue uno de los más cuestionados: deroga el punto de la ley de Educación que obligaba a destinar un 6% del PBI al sector, elimina el financiamiento progresivo de la ley de Ciencia y Técnica —que preveía llegar al 1% del PBI en 2032— y suprime el piso del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.
La aprobación de estos artículos generó fuertes críticas de la oposición, que advirtió sobre el impacto en el financiamiento universitario y científico. Sin embargo, el oficialismo defendió los cambios como parte de su plan de ajuste y reorganización del gasto público.