La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La resolución, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, establece además un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país, dos medidas que marcan un nuevo avance en el expediente.
La investigación se centra en un pago de USD 200.000 que Espert recibió en 2020, vinculado a Federico "Fred" Machado, un empresario detenido en Estados Unidos e investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. El origen y la justificación de esa transferencia constituyen uno de los ejes centrales de la causa, que busca determinar si existió una operación destinada a encubrir el origen de los fondos.
La resolución judicial también alcanzó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert. El magistrado lo procesó al considerarlo partícipe necesario del delito de lavado de dinero y dispuso para él un embargo de $700 millones. De este modo, la decisión no solo compromete al exdiputado, sino que también involucra a un profesional de su entorno contable en el marco de la investigación.
El descargo de 141 páginas y la explicación sobre el pago
En agosto, el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado ante la Justicia un descargo de 141 páginas, en el que solicitó su sobreseimiento. En ese documento, Espert sostuvo que el dinero investigado correspondía al pago por un contrato de asesoría a una empresa.
Según su explicación, el acuerdo había sido firmado ante un escribano y apostillado por el Estado argentino. Con esa argumentación, buscó respaldar la legitimidad de la operación cuestionada y sostener que la transferencia respondía a una relación contractual formalizada.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene sus sospechas y considera que el contrato podría haber sido parte de una maniobra simulada para lavar dinero. Esa diferencia entre la explicación ofrecida por el exdiputado y la hipótesis de los investigadores constituye uno de los puntos centrales del expediente.
El 19 de agosto, Espert también se refirió públicamente al caso mediante una publicación en su cuenta de X. Allí defendió la trazabilidad de la transferencia y cuestionó la posibilidad de que se tratara de una operación de lavado.
"El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel", expresó.
La declaración sintetizó su postura frente a las sospechas: para Espert, la identificación de su nombre en la transferencia y la documentación de la operación respaldaban su versión sobre el origen del dinero. La investigación judicial, no obstante, continuó su curso y derivó en el procesamiento dispuesto por Mirabelli.
La Cámara Federal rechazó los intentos de frenar la causa
La decisión del juez federal se conoció apenas días después de otro revés judicial para el exdiputado. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó dos planteos presentados por Espert para frenar la investigación en su contra, lo que permitió que el expediente continuara avanzando.
Uno de los pedidos buscaba anular las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. El otro apuntaba a recusar al fiscal, bajo los argumentos de "pérdida de objetividad" y "exteriorización de un interés ajeno al proceso".
Los camaristas resolvieron no hacer lugar a ninguno de los dos planteos. De esta manera, las objeciones presentadas por Espert no consiguieron detener las medidas investigativas ni apartar al representante del Ministerio Público cuestionado por su defensa.
En ese contexto, el procesamiento dispuesto por Mirabelli representa un nuevo capítulo en una causa atravesada por las explicaciones del exdiputado sobre el pago recibido, las sospechas fiscales acerca de una posible simulación contractual y los intentos de su defensa por limitar el avance de la investigación.
Con el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país para Espert, junto con el procesamiento y el embargo de $700 millones para Cosentino, la Justicia adoptó medidas concretas sobre los dos involucrados. El expediente continúa centrado en esclarecer la naturaleza de la transferencia de USD 200.000 realizada en 2020 y su presunto vínculo con una maniobra de lavado de dinero.