El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad, después de que el Congreso Nacional ratificara la normativa al rechazar el veto del presidente Javier Milei. Sin embargo, la administración de La Libertad Avanza aclaró que no la reglamentará ni aplicará hasta definir el origen de los recursos para su financiamiento.
La iniciativa, impulsada por la oposición, superó en ambas cámaras los dos tercios de los votos necesarios para insistir con su sanción original. El amplio apoyo parlamentario, que incluyó a fuerzas aliadas del oficialismo, reflejó el consenso frente a la crisis que atraviesa el sector.
En declaraciones recientes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la decisión del Ejecutivo de promulgar la ley. No obstante, condicionó su implementación a la discusión de un plan de financiamiento. "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley", explicó el ministro coordinador.
Francos advirtió que el Poder Legislativo debe ser el que determine de dónde saldrán los fondos. "El Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", cuestionó el funcionario, subrayando la falta de presupuesto previsto.
La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) ya había advertido sobre el impacto fiscal de la medida. Según su informe, la ley podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, lo que implicaría un refuerzo fiscal de hasta $3,6 billones, un gasto equivalente al 0,42% del PBI.
La normativa, dictada tras una masiva movilización de la sociedad civil, busca solucionar la crisis del sistema de atención a personas con discapacidad, afectada por el congelamiento de recursos y la drástica reducción de beneficiarios tras una auditoría que generó fuertes críticas.
Puntos clave de la nueva ley de discapacidad
La ley, que busca proteger y fortalecer el sistema, establece varios puntos centrales:
Pensiones No Contributivas: Se otorgarán a quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que sus ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. El monto corresponderá al 70% del haber jubilatorio mínimo y será compatible con empleo registrado, bajo ciertas condiciones.
Actualización de aranceles: Se garantiza la actualización automática y mensual de los aranceles del sistema de prestaciones, ajustada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.
Régimen de regularización: Se crea un esquema para condonar deudas fiscales y de seguridad social a empresas y trabajadores del sector, con la posibilidad de refinanciar planes de pago.
Fortalecimiento de la ANDIS: Se refuerza el financiamiento y funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo encargado de articular las políticas públicas del sector.
