La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana (UCR), solicitó al Gobierno provincial que se ajuste a las nuevas normativas en la temática de la discapacidad, y que las políticas en tal sentido se aborden desde la perspectiva de Derechos Humanos.
Mediante un proyecto de Resolución, la legisladora solicita al Poder Ejecutivo Provincial el cambio de área de la Dirección de Discapacidad, para que pase a integrar el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, brindándole una mayor jerarquización.
Actualmente el organismo depende del Ministerio de Salud, pero de acuerdo las nuevas tendencias, en los últimos años se viene observando un cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad. “El correlato de este cambio es un nuevo marco jurídico internacional basado en el modelo social de la discapacidad, según el cual ésta obedece a causas preponderantemente sociales y no a razones médicas, biológicas o religiosas, instaurando así un nuevo mandato de acción para los Estados, según lo establece el artículo 1, segundo párrafo de la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad (CDPD)”, señala la diputada en sus argumentos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que este modelo “implica que la discapacidad no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas”.
Asimismo agrega la diputada Paz, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece los principios generales que han de observarse a fin de cumplir con las obligaciones estatales en la materia. “Estos principios comprenden el respeto de la dignidad y la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad”.
Tomando en cuenta estos argumentos, la legisladora consideró muy importante que el área que aborda las políticas públicas sobre discapacidad se encuentre en un ámbito donde coincida con el paradigma establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “es decir, salir del ámbito del Ministerio de la Salud para pasar al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, siguiendo los parámetros de  los derechos humanos, en consonancia con otras áreas como la Secretaria de Mujeres, Genero y Diversidad que persigue promover los derechos de las mujeres y grupos disidentes”.
Añadió que a través de un sondeo en las páginas web de los diferentes gobiernos de las provincias en el país, de encontró con que solo seis provincias tienen áreas de discapacidad dependientes del área de Salud.
Recordó además que para presentar este proyecto, mantuvo contacto con personas y asociaciones vinculadas a la temática. “En ocasión de conversar sobre la importancia de este proyecto con una persona que trabaja denodadamente por los derechos de las personas con discapacidad, nos manifestaba que 'sería lo más justo, es una deuda pendiente con esta población porque estar en el Ministerio de Salud significa pensar que son enfermos, símbolo de problemas de salud y no es así, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida como cualquiera otra, que debería estar como corresponde en un área que vele por los derechos humanos de las personas'”.
“Es necesario que el área de Discapacidad sea revalorizada y jerarquizada, siendo esto una forma de reconocer la importancia de la misma y demostrar verdadero interés por este colectivo de personas”, finalizó.

Difusión de la línea 102 en boletas de servicios públicos

A través de un proyecto de ley, la diputada Alicia Paz de la Quintana (UCR) planteó la necesidad de difundir la línea telefónica 102 de servicio de asistencia telefónica gratuita, confidencial y de contención para niños, niñas y adolescentes, en boletas de servicios y de impuestos provinciales, ya sea en papel como en formato digital, como así también en la cartelería que anuncia obras públicas.
El programa 102, de aplicación en todo el país, es el servicio de asistencia telefónica gratuita, confidencial y de contención para niños, niñas y adolescentes. En nuestra provincia, la Secretaría de Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es el organismo que articula, adecua y fortalece este elemento clave de intervención ante la vulneración de derechos.
La función de la línea 102, es responder a la demanda de la sociedad, escuchando, orientando y realizando reportes sobre todas las situaciones que involucren la transgresión de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Al fundamentar el proyecto, la diputada consideró que “la participación y el derecho a ser oídos son los principios fundamentales de la línea 102. En su atención el programa cumple con estándares de calidad consensuados internacionalmente, cuenta con personal especializado y amplia accesibilidad, recopila datos para mejorar su prestación y concientizar sobre determinadas problemáticas y funciona como un dispositivo de acceso al Sistema de Protección Integral de derechos de la niñez”.
Destacó la importancia de la línea 102, “ya que a la misma se pueden comunicar todas las personas que necesiten hacerlo, ya sean adultos, o los propios niños, niñas y adolescentes, quienes de inmediato recibirán la contención necesaria en cada situación. Para acceder a la misma, no es necesario contar con crédito en el celular y, que también puede hacerse  sin costo alguno desde cualquier teléfono fijo ya sea familiar o público”.
Que una vez establecida la comunicación, se ponen en marcha los dispositivos correspondientes en cualquier lugar de la provincia, ya que desde la central que recibe el llamado, se comunican de inmediato a cualquier lugar del interior provincial.
“Es menester que esta herramienta válida de protección integral para niños, niñas y adolescentes esté al alcance de toda la sociedad”, sostiene la diputada, y por esa razón es muy importante que se le de visibilidad a un programa que tiene plena vigencia en nuestra provincia desde el año 2003.
Por ello propuso que “difundir la línea 102 en  las boletas de servicios y de impuestos provinciales y que las mismas la lleven impresa en la modalidad papel, como también en la forma digital. Otra de las maneras sería que en  las cartelerías que anuncian obras públicas lleven en forma visible el número telefónico  102”.