En un escenario político donde las demandas sociales exigen una transparencia cada vez más profunda, la calidad institucional se ha convertido en el eje de un debate sin precedentes en el Congreso de la Nación. La diputada nacional Mercedes Llano, integrante del bloque La Libertad Avanza y representante del Partido Demócrata, ha presentado un proyecto de ley disruptivo que propone la creación de una "Evaluación de Idoneidad Psicológica Funcional" con carácter obligatorio para quienes aspiren a conducir los destinos del país. La iniciativa no es menor, ya que apunta directamente a la cúpula del organigrama estatal, destinando este examen a los candidatos a Presidente y Vicepresidente, a los legisladores nacionales electos y a todas las autoridades superiores del Poder Ejecutivo.
Según los fundamentos esgrimidos por Llano, el objetivo central de la norma es asegurar que los líderes posean las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas indispensables para el ejercicio del liderazgo estatal. La legisladora argumenta que la democracia no se agota en el acceso formal a la representación, sino que exige preservar la racionalidad decisoria en resguardo del interés general. De esta manera, la evaluación se constituye como una garantía ciudadana destinada a asegurar que el liderazgo político posea la solidez mental y ética que hoy se requiere en cualquier otra profesión con alta responsabilidad social.
Uno de los puntos más provocadores y técnicamente detallados del proyecto es la inclusión de protocolos específicos para detectar la llamada "Tríada Oscura". Este concepto psicológico agrupa tres rasgos de personalidad que, según el texto de la ley, resultan incompatibles con una gestión pública sana: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. La autora del proyecto alertó sobre los riesgos que se procuran evitar con la implementación de este filtro, sosteniendo que la presencia de rasgos disfuncionales en posiciones de poder puede derivar en una corrupción sistémica, tendencias hacia el autoritarismo y el despotismo, con consecuencias negativas directas para la democracia y la gestión pública.
En los fundamentos de la iniciativa, Llano sostiene que el espíritu de la norma es evitar que accedan a cargos de autoridad personas con estructuras de personalidad psicopática, falta de empatía, escasa responsabilidad o una marcada inclinación a tomar decisiones en beneficio propio y no del interés general. Asimismo, la propuesta busca subsanar lo que considera una incongruencia institucional, ya que actualmente se exigen mayores estándares de aptitud psicológica e integridad para cargos técnicos o administrativos, como es el caso de los docentes o los miembros de las fuerzas de seguridad, que para quienes ejercen la conducción política del Estado.
Parámetros técnicos y rigor científico
El proyecto define la Idoneidad Psicológica Funcional como la posesión de las facultades necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular. Para medirla, el examen consistiría en una serie de pruebas psicométricas estandarizadas y validadas para el contexto argentino, herramientas utilizadas habitualmente en el sector privado. Estas pruebas estarían orientadas a medir de forma narrativa y técnica los rasgos de personalidad, el juicio ético, la regulación emocional y el respeto por las normas. Los equipos especializados aplicarían instrumentos para evaluar el juicio crítico en la toma de decisiones ante dilemas propios de la función pública, la tolerancia a la presión institucional y el autocontrol conductual.
Además, la evaluación integraría una Entrevista Psicométrica Estructurada por competencias, diseñada para explorar la capacidad de autocrítica, el trabajo en equipo y la empatía institucional de los aspirantes. El texto presentado especifica que la idoneidad debe comprender el respeto por las normas constitucionales como un eje central de la salud mental de un funcionario. La batería de pruebas de exploración psicológica estaría enfocada en la medición de rasgos con impacto directo en el ejercicio del poder, asegurando que el perfil del evaluado sea compatible con las exigencias del cargo que pretende ocupar.
Garantías, confidencialidad y debido proceso
Consciente de las implicancias éticas de tal medida, el proyecto de la legisladora establece que la evaluación sea realizada por organismos especializados e independientes, garantizando el máximo rigor técnico. El resultado del examen se limitaría a informar la condición de "Apto" o "No Apto Funcional" ante la autoridad correspondiente, manteniendo una estricta reserva sobre cualquier otra información sensible del evaluado. Este diseño busca equilibrar la necesidad de transparencia con el derecho a la intimidad de los candidatos, enfocándose exclusivamente en la funcionalidad para el cargo.
Asimismo, en caso de disconformidad con el dictamen, la iniciativa contempla la posibilidad de una revisión ante un comité técnico interdisciplinario, resguardando así el derecho de defensa y el debido proceso de los afectados. Según Llano, esta medida no representa una restricción arbitraria de los derechos políticos, sino una ampliación razonable del concepto constitucional de idoneidad, en línea con las demandas de la sociedad y los desafíos del sistema político actual. De prosperar, esta normativa marcaría un hito en la historia legislativa argentina, priorizando la solidez mental y ética como requisitos fundamentales para el ejercicio del poder público.