Qué pasa si no votaste en las últimas elecciones: derechos, multas y cómo regularizar tu situación
De cara a los comicios del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral recuerda que quienes no votaron en elecciones anteriores mantienen su derecho al voto, aunque pueden enfrentar sanciones económicas y restricciones administrativas si no justificaron su ausencia.

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales 2025, que renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, comienzan a surgir dudas frecuentes entre los votantes. Una de las más comunes es qué ocurre si alguien no participó en las últimas elecciones y ahora quiere hacerlo.

La respuesta es clara: sí, se puede votar, incluso si se faltó a un proceso electoral anterior. Sin embargo, es importante conocer las consecuencias legales y administrativas que puede acarrear no haber justificado esa ausencia ante la Justicia Nacional Electoral.

Desde el regreso de la democracia en 1983, el voto es una de las principales obligaciones y derechos de los ciudadanos argentinos. Por eso, la Justicia Electoral no elimina del padrón a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no hayan asistido a votar en elecciones previas. En otras palabras, todos los ciudadanos dentro de esa franja etaria conservan su derecho a emitir el sufragio.

No obstante, el Código Nacional Electoral establece que no presentarse a votar sin una causa justificada genera sanciones. Estas incluyen una multa económica y la incorporación del ciudadano al Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, que puede consultarse en línea.

Multas y justificaciones

Las multas por inasistencia van desde $50 hasta $500, según el número de elecciones en las que la persona haya faltado. Para evitar el pago, la única alternativa es presentar una justificación válida dentro de los 60 días hábiles posteriores a la votación, acompañada de la documentación correspondiente.

Entre las causas aceptadas se encuentran los problemas de salud, las situaciones de fuerza mayor o estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación el día de los comicios. En todos los casos, se requiere respaldo documental, como certificados médicos o verificaciones policiales.

Si no se regulariza la situación, además de la multa, pueden aplicarse restricciones administrativas. Estas incluyen impedimentos para realizar trámites ante organismos estatales o para ocupar cargos públicos durante un período determinado. En distritos que utilizan el sistema de Unidades Fijas (UF), como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe o la Ciudad de Buenos Aires, las sanciones pueden alcanzar entre $1.000 y $2.000.

Cómo consultar y pagar las multas

El proceso para verificar si se figura en el registro de infractores es sencillo. Se debe ingresar al sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y acceder a la sección "Registro de Infractores". Allí, el sistema solicita número de documento, género, distrito electoral y un código de validación. Una vez completados los datos, se muestra si el votante adeuda alguna multa. Desde el mismo portal, se puede pagar la sanción o subir la documentación justificativa.

Fechas clave y documentación válida

Las elecciones legislativas se celebrarán el domingo 26 de octubre, mientras que el cierre de campaña y comienzo de la veda electoral será el 24 de octubre. El escrutinio definitivo comenzará el martes 28.

Para poder votar, se aceptan la Libreta de Enrolamiento o Cívica, el DNI libreta verde o celeste, y las tarjetas del DNI —incluso aquellas con la leyenda "no válido para votar"—. La regla es sencilla: se debe presentar el documento que figura en el padrón o uno más nuevo, pero nunca uno anterior. El DNI digital del celular no tiene validez para sufragar.

Participar, un deber ciudadano

Aunque existan sanciones para quienes se ausenten sin justificarlo, ningún ciudadano pierde su derecho a votar. Cumplir con esta obligación cívica no solo evita multas, sino que fortalece el sistema democrático.

Conocer las fechas, los requisitos y los pasos para regularizar deudas ante la Justicia Electoral es clave para garantizar un proceso ordenado, transparente y participativo en las próximas elecciones legislativas.