El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este martes que la resolución que establece nuevas condiciones para la atención de extranjeros no residentes en hospitales públicos nacionales pone fin, según sus palabras, a "uno de los mayores flagelos" para quienes pagan sus impuestos.
La medida comenzó a regir a partir de este martes y dispone que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán contar con un seguro de salud válido que cubra la prestación que requieran o, en su defecto, pagar el arancel correspondiente antes de recibir atención.
La normativa fue oficializada a través de la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. De acuerdo con lo expresado por Ravier, el nuevo esquema establece una condición específica para aquellos extranjeros que no cuentan con residencia permanente en el país y que requieran atención en hospitales públicos nacionales.
Seguro médico o pago previo de la prestación
Ravier explicó los alcances de la disposición y señaló que, desde este martes, todo paciente extranjero que no sea residente permanente deberá contar con seguro médico o pagar para ser atendido en los hospitales públicos nacionales.
La resolución contempla, de esta manera, dos alternativas para quienes no puedan acreditar residencia permanente. Por un lado, la posibilidad de presentar un seguro de salud válido que cubra la prestación solicitada. Por otro, el pago del arancel correspondiente antes de que se concrete la atención.
El vocero presidencial detalló además qué ocurrirá cuando una persona no cuente con cobertura médica o cuando el seguro que posee no alcance para cubrir los costos de la prestación. "En el caso de extranjeros que no cuenten con seguro médico o cuyo seguro sea insuficiente para cubrir los costos, el hospital exigirá el pago de la prestación previo a brindarla", expresó Ravier.
La disposición establece, sin embargo, una excepción vinculada con las situaciones de emergencia y el riesgo de vida.
La atención de emergencia continuará garantizada
Uno de los puntos destacados por el vocero presidencial es que la nueva disposición no modifica la atención sanitaria de emergencia en los casos de riesgo de vida.
Según explicó Ravier, cuando exista una situación de riesgo de vida, la atención sanitaria de emergencia continuará garantizada. La exigencia de contar con un seguro médico válido o de abonar previamente la prestación se aplica, de acuerdo con sus declaraciones, en los casos contemplados por la nueva resolución.
La medida, de acuerdo con la explicación brindada por Ravier, establece así un criterio específico para la atención de extranjeros no residentes en los hospitales públicos nacionales.
La crítica de Ravier
Al referirse a la decisión, el vocero presidencial planteó una valoración política y económica sobre el sistema anterior y sostuvo que la resolución representa un cambio frente a lo que consideró una carga para quienes pagan impuestos.
"El Ministerio de Salud de la Nación termina así con uno de los mayores flagelos de los pagadores de impuestos: financiar la salud pública de extranjeros que no viven acá, no trabajan acá, ni pagan impuestos acá", subrayó Ravier. La afirmación fue realizada al explicar el sentido que el Gobierno atribuye a la nueva disposición. El vocero vinculó directamente la medida con la discusión sobre quién debe afrontar los costos de determinadas prestaciones brindadas en hospitales públicos nacionales.
En ese marco, presentó la resolución como una decisión orientada a modificar las condiciones de acceso a la atención sanitaria para los extranjeros que no cuentan con residencia permanente.
El antecedente de las universidades públicas
Ravier también relacionó esta decisión con otra medida adoptada previamente respecto de las universidades públicas. "Ya dimos un paso fundamental en 2025 cuando se habilitó a las universidades públicas a cobrar un arancel a los extranjeros, ahora los hospitales darán el ejemplo", agregó.
De esta manera, el vocero estableció un vínculo entre aquella medida de 2025 y la resolución que comenzó a regir este martes en el ámbito de los hospitales públicos nacionales.
La referencia a las universidades forma parte del argumento utilizado por Ravier para presentar la nueva disposición sanitaria como un nuevo paso dentro de una política que contempla el cobro de aranceles a extranjeros en determinadas prestaciones y servicios públicos.