El diputado provincial Mamerto Acuña cuestionó la decisión del oficialismo de rechazar en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que proponía crear el Programa de Contención y Reinserción Social Integral para Personas en Situación de Calle. La iniciativa, presentada el 7 de julio de 2025, buscaba establecer una respuesta permanente del Estado frente a una problemática social que, según el legislador, continúa sin una solución estructural en Catamarca.
"Hoy le dijeron que no a la gente que duerme en la calle", expresó Acuña al referirse al resultado de la votación, en la que el bloque oficialista se pronunció en contra de una propuesta destinada a garantizar asistencia alimentaria, atención médica, acompañamiento de equipos interdisciplinarios y planes individuales de reinserción social.
El legislador sostuvo que el rechazo dejó sin tratamiento una herramienta concreta para atender una situación que requiere respuestas urgentes del Estado. En ese sentido, cuestionó que una iniciativa orientada a brindar contención y acompañamiento a personas que atraviesan condiciones de extrema vulnerabilidad no haya conseguido el respaldo necesario para avanzar en el recinto.
Acuña remarcó que el proyecto no se limitaba a establecer una respuesta circunstancial, sino que buscaba construir un esquema de asistencia sostenido en el tiempo, con mecanismos institucionales que permitieran atender las necesidades de las personas en situación de calle y acompañar sus procesos de reinserción social.
La contradicción política que planteó Mamerto Acuña
Uno de los principales cuestionamientos del diputado estuvo dirigido a lo que consideró una contradicción política del oficialismo. Según explicó, el proyecto permaneció durante más de un año en la Comisión de Legislación General, donde se incorporaron modificaciones y se desarrolló un proceso de análisis que culminó el pasado 10 de octubre con la aprobación de un dictamen único favorable.
Ese despacho contó con las firmas de legisladores del propio oficialismo. Entre quienes acompañaron el dictamen se encontraba un diputado que, posteriormente, cuestionó la iniciativa durante su tratamiento en el recinto y terminó votando en contra junto con su bloque.
Para Acuña, esta situación expuso un cambio de posición que requería explicaciones, especialmente porque las observaciones formuladas durante el debate parlamentario, según señaló, no habían sido planteadas oportunamente en la Comisión.
El legislador puso en duda la consistencia de los argumentos utilizados para fundamentar el rechazo y sostuvo que las objeciones técnicas presentadas no se correspondían con el contenido de la iniciativa, que había atravesado un proceso de análisis y modificaciones antes de llegar al recinto.
La discusión, de acuerdo con su planteo, no se limitaba a una diferencia sobre los mecanismos de implementación, sino que involucraba la decisión política de avanzar o no con una herramienta destinada a responder a una problemática social urgente.
Las observaciones sobre la Ley Nacional de Salud Mental
Acuña también se refirió a las objeciones planteadas durante el tratamiento del proyecto en relación con la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
El diputado explicó que la iniciativa no establecía tratamientos compulsivos ni habilitaba intervenciones por fuera de la legislación vigente. Por el contrario, indicó que contemplaba mecanismos de asistencia, acompañamiento y seguimiento para las personas en situación de calle.
En ese sentido, buscó aclarar que el programa propuesto no implicaba desconocer los derechos de las personas ni establecer procedimientos contrarios al marco legal vigente, sino organizar una respuesta integral que permitiera atender las distintas necesidades de quienes atraviesan esa situación.
Otro de los puntos cuestionados durante el debate estuvo relacionado con la creación de un registro provincial. Frente a las observaciones sobre esta herramienta, Acuña sostuvo que no implicaba hacer pública información personal, sino contar con un instrumento administrativo que permitiera conocer cada situación, diseñar estrategias individuales de reinserción y evaluar los resultados de las políticas implementadas.
El legislador remarcó que el registro debía respetar la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326, por lo que su finalidad estaría vinculada con la organización de la asistencia y el seguimiento de las intervenciones, sin exponer información privada de las personas alcanzadas por el programa.
Al cuestionar los argumentos técnicos utilizados para rechazar la propuesta, Acuña sostuvo que las eventuales precisiones podían resolverse mediante los mecanismos correspondientes.
"Si había precisiones técnicas que hacer, para eso está la reglamentación. Usar una cuestión de reglamentación para rechazar una ley es una decisión política, no técnica", afirmó.
El reclamo al Gobierno provincial
El diputado también puso el foco en la responsabilidad del Gobierno provincial frente a las personas que actualmente viven y duermen en las calles de Catamarca. Acuña advirtió que se trata de una realidad que exige políticas públicas sostenidas, con asistencia alimentaria, sanitaria y social, y no respuestas aisladas que dependan de la voluntad de cada administración.
En ese marco, reclamó al Poder Ejecutivo que informe de manera precisa sobre las acciones que se desarrollan actualmente para atender esta problemática y sobre el alcance de los dispositivos existentes.
El pedido de información comprende los siguientes puntos:
Cantidad de personas asistidas: cuántas personas en situación de calle reciben actualmente atención.
Dispositivos de contención: qué espacios y mecanismos de asistencia funcionan en la provincia.
Cobertura: cuál es el alcance de las prestaciones y a cuántas personas llegan.
Resultados: qué efectos han obtenido las políticas implementadas hasta el momento.
El planteo busca poner en discusión no solamente la necesidad de contar con una nueva ley, sino también el funcionamiento de las herramientas que ya se encuentran en marcha.
Para Acuña, conocer la cantidad de personas asistidas, las características de los dispositivos y sus resultados constituye un aspecto central para evaluar la respuesta estatal frente a una problemática que, según sostuvo, no puede quedar librada a acciones puntuales.