En la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno de Javier Milei intensificó las negociaciones políticas para garantizar la aprobación de la reforma laboral, uno de los ejes centrales de su agenda legislativa. El primer escenario de disputa será el Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) busca consolidar una mayoría que le permita avanzar con el proyecto.
Las tratativas están encabezadas por Patricia Bullrich, quien conduce las negociaciones del oficialismo en la Cámara alta. En ese marco, convocó para este miércoles a una reunión con los jefes de bloque de la oposición no kirchnerista, que representan a 44 senadores, con el objetivo de acercar posiciones y destrabar modificaciones al texto oficial.
Según pudo saber TN, además de la reforma laboral, el encuentro incluirá el análisis de la Ley de Glaciares. La intención del Ejecutivo es llevar la reforma laboral al recinto a mediados de febrero, con fecha tentativa el 12 de febrero. Desde el oficialismo aseguran que el clima de negociación es favorable, aunque optan por no adelantar públicamente los cambios en evaluación para evitar resistencias anticipadas.
Reuniones técnicas y presión de los gobernadores
En los últimos días, el equipo político que responde a Bullrich mantuvo reuniones con asesores de senadores aliados y con representantes de distintos sectores productivos y empresariales, entre ellos CAME, la UIA, la Cámara de Comercio, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y empresas pesqueras. En total, la comisión técnica —liderada por la asesora Josefina Tajes junto al secretario parlamentario Cristian Larsen— dialogó con más de 20 instituciones.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el artículo que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que generó preocupación entre los gobernadores por su impacto en la recaudación provincial. Ese planteo fue expuesto por varios mandatarios aliados durante las negociaciones de enero y continúa siendo un eje central del debate.
Las provincias estiman que la baja de la alícuota —del 35% al 31,5%— implicaría una pérdida de ingresos cercana a 1,2 billones de pesos, por lo que reclaman mecanismos de compensación antes de acompañar la iniciativa.
El conteo de votos y las resistencias
En términos numéricos, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios, a los que se sumarían tres del PRO y siete de los diez radicales. Con el respaldo de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén), el oficialismo alcanzaría 33 votos, aunque aún necesita al menos cuatro más para garantizar la aprobación.
Esos apoyos podrían provenir de senadores de Misiones, Chubut y Corrientes, aunque dentro de la UCR persisten resistencias. Entre los legisladores que mantienen reparos figuran el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama, cuya postura es seguida con atención en el escenario político de Catamarca.
En paralelo, los gobernadores que integran el espacio de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), continúan presionando por cambios al texto para ordenar a sus senadores y garantizar el respaldo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.