El Gobierno nacional definió que la reforma laboral será uno de los ejes centrales de la agenda legislativa de diciembre y buscará avanzar con su aprobación antes del cierre del año parlamentario. La iniciativa será debatida durante el período de sesiones extraordinarias, convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre, con la expectativa oficial de obtener dictamen y sanción en ese lapso.
El proyecto, que ya se encuentra redactado y ingresará al Senado el 10 de diciembre, propone una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo y forma parte del paquete de reformas estructurales que impulsa la administración del presidente Javier Milei. La estrategia política para encauzar su tratamiento estará encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue designada como interlocutora principal del Poder Ejecutivo ante los distintos bloques legislativos.
En ese marco, Bullrich inició una ronda de conversaciones con jefes y referentes de los bloques del Senado, incluyendo dirigentes del kirchnerismo. No obstante, desde el entorno de la ministra admiten que el principal espacio opositor difícilmente acompañe el proyecto en su versión actual. Aun así, el oficialismo busca sumar respaldos parciales que le permitan avanzar con la aprobación.
La funcionaria sostuvo públicamente que la reforma no apunta a un esquema de flexibilización extrema, sino a una actualización del régimen laboral. "Es una ley ecuánime, moderada. Se logró algo importante y estamos realmente contentos", expresó Bullrich, al tiempo que remarcó que la iniciativa intenta compatibilizar los derechos laborales con las nuevas dinámicas del mercado de trabajo.
Desde La Libertad Avanza, espacio que conduce el oficialismo en el Congreso, adelantaron que el texto podría sufrir modificaciones durante el debate parlamentario. La diputada Sabrina Ajmechet aseguró que habrá "espacio para introducir mejoras" y subrayó la necesidad de modernizar el marco normativo vigente, que —según afirmó— responde a un modelo productivo que ya no existe.
Ajmechet argumentó que uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino es el alto nivel de informalidad. En ese sentido, recordó que cerca del 40% de la población económicamente activa trabaja sin registrar, una situación que, según el diagnóstico oficial, limita el crecimiento del empleo formal y desalienta nuevas contrataciones.
Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a las conversaciones informales que el Gobierno mantuvo con la Confederación General del Trabajo (CGT). En ese ámbito se analizó la posibilidad de crear un régimen diferencial para trabajadores menores de 30 años, que contemplaría condiciones más flexibles en materia de salario, vacaciones, jornada laboral e indemnizaciones respecto del esquema actual.
De acuerdo con fuentes sindicales, el borrador mantendría la protección plena para los trabajadores actualmente formalizados, mientras que los nuevos ingresantes al mercado laboral accederían a la totalidad de los derechos una vez alcanzada esa edad. El objetivo del esquema, según sectores del Ejecutivo, sería incentivar la contratación de jóvenes y facilitar su incorporación al empleo registrado.
Un sector del Gobierno que mantiene diálogo con la central obrera consideró que esta propuesta podría generar un impacto positivo en la creación de empleo, aunque admiten que el tema aún no fue saldado y despierta resistencias tanto en el sindicalismo como en otros espacios políticos. Además, el oficialismo deberá atender las críticas de sectores que integraron el Consejo de Mayo y de la oposición más dura antes de cerrar una versión definitiva del proyecto.
En caso de que el Congreso no logre avanzar con el debate antes del 30 de diciembre, el presidente Milei evalúa la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias durante los meses de enero o febrero, con el objetivo de mantener habilitado el tratamiento legislativo de la reforma laboral, considerada prioritaria por la Casa Rosada.