El panorama institucional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) atraviesa horas críticas tras la reciente presentación de su secretaria general, Claudia Espeche. Este lunes, en las puertas de la Fiscalía General, la dirigente realizó una ampliación de la denuncia penal que había radicado originalmente el pasado 14 de enero.
El eje de esta acción judicial apunta directamente contra la exsecretaria de Finanzas de la institución, Soledad Carrizo, a quien se le atribuyen presuntas irregularidades graves en el manejo de los fondos del sindicato. Este movimiento jurídico no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de fuerte tensión interna que ha escalado a solo tres meses de que se lleve a cabo la renovación de autoridades, un periodo tradicionalmente sensible para la política sindical.
La situación se volvió particularmente compleja luego de que la propia Carrizo denunciara penalmente a Espeche por delitos de extrema gravedad, entre ellos supuesta malversación de fondos, fraude, incumplimiento de los deberes y amenazas coactivas. Ante estas acusaciones, la secretaria general ha mantenido una postura de rechazo categórico, asegurando que su gestión se encuentra a derecho y que las maniobras cuestionadas eran de carácter unilateral por parte de la exfuncionaria. En su comparecencia ante la prensa, Espeche sostuvo que las decisiones financieras bajo la lupa fueron ejecutadas sin el consentimiento de la conducción, marcando una brecha definitiva entre ambas figuras.
De acuerdo con el relato proporcionado por la máxima autoridad del gremio, el punto de quiebre se produjo el pasado 7 de enero, fecha en la que se habrían detectado las anomalías. Durante una serie de conversaciones mantenidas con funcionarios municipales, la conducción de UPCN fue advertida sobre un mecanismo de recaudación que se encontraba por fuera de los carriles administrativos y legales habituales.
Según explicó Espeche, la metodología estándar y legal consiste en que los municipios transfieran las retenciones de los afiliados directamente a las cuentas bancarias oficiales de la institución. Sin embargo, la denuncia sostiene que Carrizo, abusando de la confianza de estos funcionarios, habría logrado que el dinero le fuera entregado en efectivo, desviando así los fondos del sistema formal.
Al tomar conocimiento de que se habría salido del sistema legal de transferencias, la dirigente indicó que se dio alerta inmediata para que la Justicia investigue. La ampliación presentada este lunes responde a que, tras la presentación inicial de mediados de enero, el equipo de conducción ha hallado nuevas situaciones que deben ser integradas de forma urgente al expediente judicial para su análisis exhaustivo. Espeche fue enfática al señalar que cada nuevo hallazgo será debidamente documentado para que los tribunales posean todas las herramientas necesarias para esclarecer el destino y manejo de los recursos de los afiliados.
Transparencia institucional y el impacto mediático
Para la conducción actual de UPCN, la situación representa un desafío institucional de grandes proporciones que trasciende lo jurídico. Claudia Espeche reconoció abiertamente que se trata de una instancia difícil para la organización, debido a las múltiples explicaciones que deben brindarse ante lo que esto conlleva para el prestigio del gremio. Sin embargo, remarcó que la estrategia de su gestión es la transparencia absoluta y la colaboración plena con los magistrados. La dirigente enfatizó que se han puesto a disposición de la Justicia como cualquier ciudadano que obra de forma correcta, subrayando la importancia de que sea el sistema judicial el que dictamine la verdad sobre las responsabilidades financieras.
En paralelo a la disputa en los tribunales, la secretaria general se refirió a la batalla que se libra en el terreno de la comunicación digital y las percepciones públicas. Espeche cuestionó con firmeza las versiones difundidas en redes sociales, a las que calificó sin rodeos de "difamatorias", asegurando de forma tajante que dichas publicaciones no se ajustan a la realidad de lo que ocurre dentro de la institución y que solo buscan enturbiar el proceso electoral interno. Para la dirigente, el uso de plataformas digitales para difundir acusaciones sin sustento solo añade complejidad a una situación que ya de por sí es delicada para los trabajadores.
Pese a la gravedad de las denuncias cruzadas y el clima de incertidumbre que rodea la próxima renovación de autoridades, la secretaria general buscó transmitir un mensaje de calma y continuidad operativa. Al concluir su presentación en sede judicial, Espeche aprovechó para agradecer el respaldo recibido por parte de los afiliados y compañeros, destacando que la confianza brindada por mucha gente ha sido fundamental para enfrentar este proceso con entereza. La dirigente manifestó su gratitud por el apoyo de quienes entienden que la denuncia es un acto necesario para preservar la integridad del sindicato.
Finalmente, la conducción de UPCN dejó en claro que, a partir de lo sucedido con la exfuncionaria de finanzas, han recibido un cúmulo de nuevas situaciones de las que la justicia se encargará oportunamente. La postura oficial del gremio es reafirmar su compromiso innegociable con la labor gremial, asegurando a sus amigos y compañeros que la organización seguirá abocada a trabajar y a "hacer sindicalismo" genuino. Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer el presunto desvío de fondos en efectivo, la estructura sindical intenta mantener su normal funcionamiento, centrando sus esfuerzos en la defensa de los derechos de sus representados mientras aguarda el dictamen de la Fiscalía General.
