La entrada en vigencia de la nueva reforma laboral ha detonado un enfrentamiento político y judicial de alto voltaje entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). Ante la arremetida sindical para frenar la normativa, el Poder Ejecutivo ha comenzado a articular una estrategia de defensa coordinada que busca consolidar lo que el oficialismo denomina como una "modernización irreversible" del mercado de trabajo. Esta batalla trasciende lo meramente legal, transformándose en una pulseada de poder donde el Gobierno confía en que los antecedentes de la Corte Suprema serán suficientes para validar sus decisiones.
El frente de batalla legal: la estrategia del Ejecutivo
Aunque el Ministerio de Justicia atraviesa un recambio de autoridades, la planificación para contrarrestar los recursos judiciales que buscan bloquear la legislación fue diseñada hace semanas. La coordinación, ahora bajo la órbita del flamante ministro Juan Bautista Mahiques, cuenta con el respaldo de la Procuración General del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, y la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy. Todo el esquema operativo se mantiene bajo la supervisión estratégica de Santiago Caputo, asesor presidencial.
El Gobierno apuesta a que el "test judicial" será superado con éxito. Fuentes cercanas al oficialismo fueron tajantes respecto a las expectativas gubernamentales: "Van a intentar discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder".
La CGT y los ejes del conflicto constitucional
La central sindical ha iniciado su ofensiva mediante una presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico. El reclamo busca declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la CABA. Según la CGT, este movimiento —autorizado mediante el Decreto 95/2026 firmado por Manuel Adorni— presenta irregularidades, especialmente por la falta de intervención de la Comisión Bicameral.
Los puntos de mayor fricción que la administración nacional identifica como los ejes de la resistencia sindical son:
- Convenios Colectivos: La prioridad otorgada a los acuerdos de empresa frente a los nacionales.
- Ultraactividad: La limitación de la vigencia de los convenios tras su vencimiento.
- Cálculo de Indemnizaciones: Una redefinición estructural que genera rechazo en las bases gremiales.
- Control del Fuero: La disputa histórica por la transferencia de la Justicia del Trabajo, vigente desde la reforma constitucional de 1994.
La ampliación del conflicto: el foco sobre la AFA
En un movimiento que extiende la tensión más allá del plano gremial, el ministro Juan Bautista Mahiques ha ratificado que su gestión priorizará el control sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ante versiones de acercamientos previos con el entorno de Claudio "Chiqui" Tapia, Mahiques fue enfático: "No vengo a tapar ninguna investigación".
El Gobierno, desde una fuente de su mesa política, ha calificado esta línea de acción como un imperativo ético, señalando que se busca investigar a una "manga de delincuentes" dentro del marco legal vigente. En este sentido, la postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) también ha sido un punto de confrontación: Mahiques, aunque afirma no validarlas per se, sostiene que es el socio de cada club quien debería decidir el modelo de gestión, criticando abiertamente la postura de la AFA de limitar dicha elección.
La incertidumbre persiste mientras la CGT amenaza con nuevos paros y movilizaciones, en un escenario donde el Gobierno de Milei asegura que no dará marcha atrás en sus reformas estructurales.