La Cámara de Diputados se encamina a una semana de definiciones cruciales que podrían transformar el sistema de justicia en Argentina. El oficialismo ha planteado un cronograma de máxima celeridad para avanzar en la reforma de la Ley Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad.
Durante un encuentro estratégico realizado recientemente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, notificó formalmente a los presidentes de los bloques que tienen plazo hasta mañana para presentar el listado de los miembros de cada una de las fuerzas que conformarán las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes, Relaciones Exteriores y Mercosur. En dicha instancia, se anunció que el primer tema a tratar en la agenda legislativa será, precisamente, la Reforma del régimen Penal Juvenil.
A pesar de que sectores de la oposición reclaman que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso los proyectos de ley con antelación —especialmente el referido a la edad de imputabilidad—, la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza apuesta al factor sorpresa. Fuentes del oficialismo señalaron que el proyecto no se enviará de forma anticipada, sino que "aparecerá" el mismo día en que se realice el plenario. Según este plan, el próximo miércoles un miembro del oficialismo oficiará de "representante" de la iniciativa, la cual se sumará formalmente a los proyectos ya existentes en la Cámara.
Consensos políticos y el nuevo límite de punibilidad
La intención de los libertarios es replicar la esencia del proyecto que obtuvo dictamen durante las sesiones ordinarias del año pasado, pero que perdió estado parlamentario. Aquel texto planteaba originalmente bajar la edad de imputabilidad a los 13 años; sin embargo, tras diversas negociaciones, el consenso entre los diputados terminó estableciendo un piso de 14 años. En el oficialismo aseguran que respetarán este límite, ya que representa el acuerdo alcanzado con sus aliados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, quienes ya adelantaron que no modificarán su posicionamiento al respecto.
En línea con estos acuerdos, se mantendrá también la reducción de la escala penal máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, la cual bajó de 20 a 15 años de prisión efectiva. El nuevo régimen establece que la privación de la libertad solo se aplicaría como último recurso, otorgando prioridad a penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.
Asimismo, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales que garanticen a los menores condenados el derecho a la educación, atención médica y tratamiento de adicciones, bajo la custodia de personal especializado en infancia y con la prohibición terminante de convivencia con detenidos mayores de edad.
Uno de los puntos clave definidos en los encuentros recientes es el financiamiento de la norma, un aspecto que no estaba contemplado en el proyecto original del Ejecutivo. Ante los reclamos de los gobernadores, quienes planteaban que el gasto extra de la aplicación del nuevo régimen fuera costeado por la Nación, la Casa Rosada se comprometió a habilitar un apartado presupuestario específico. Esto permitirá que las provincias realicen convenios con el Gobierno Nacional para saldar la diferencia de costos entre el sistema actual y el nuevo esquema penal.
Con esta concesión presupuestaria, el oficialismo confía en que los números le son favorables para avanzar en el plenario de Presupuesto, Justicia y Familia. En la primera comisión, el oficialismo cuenta con 20 diputados sobre 49 y, junto a sus socios, suma 10 más. Dado que para el dictamen de mayoría se requiere la mitad más uno de las firmas, los libertarios calculan que cuentan con 48 firmas propias y que, con solo obtener 10 más de sus aliados, lograrán el objetivo. La expectativa es dictaminar el mismo miércoles 11 —mientras el Senado debate la Reforma Laboral— y el jueves 12 de febrero ir al recinto en busca de la media sanción.
El proyecto contempla una estructura de penas que busca la reparación del daño antes que el encierro sistemático. Las penas alternativas podrán aplicarse en delitos cuya condena sea de hasta 3 años, o hasta 10 años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre que cuente con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima. Entre estas herramientas se encuentran la amonestación, el monitoreo electrónico, la prohibición de conducir vehículos y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
Para complementar estas medidas, el régimen incluye programas obligatorios de formación ciudadana, capacitación laboral, y asistencia psicológica. El cumplimiento de cada paso será controlado por un supervisor especializado con formación en educación o psicología. Además, el proyecto contempla intervenciones para abordar situaciones de salud mental y entornos familiares violentos, estableciendo que, en caso de requerir internación, se deberá notificar al juez civil competente para asegurar un seguimiento integral del caso.
