El nuevo decreto presidencial que modifica la estructura de la Policía Federal Argentina (PFA) generó fuertes reacciones en el ámbito político. El bloque opositor "Democracia para Siempre" presentó un proyecto en el Congreso para derogar el Decreto 383/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que establece la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y otorga nuevas atribuciones a la fuerza.
Los legisladores Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta y Carla Carrizo también denunciaron el decreto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando una medida cautelar que impida su entrada en vigor.
Qué propone el decreto 383/2025 del Gobierno
El decreto fue anunciado oficialmente el 17 de junio por el presidente Javier Milei, durante un acto en la sede de la Policía Montada, junto a la ministra Patricia Bullrich y otros funcionarios del Gabinete. La medida busca alinear la Policía Federal con estándares internacionales como los del FBI, con el objetivo de reforzar la prevención y desarticulación de delitos complejos.
Entre los cambios más significativos se encuentran:
- La creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
- Nuevas facultades para detener personas sin orden judicial en determinados casos.
- La posibilidad de realizar investigaciones digitales y en redes sociales.
Críticas de la oposición: "retroceso en derechos y garantías constitucionales"
Los diputados de Democracia para Siempre consideran que el decreto excede las atribuciones otorgadas por la Ley Bases y vulnera derechos fundamentales. En su proyecto para declarar la nulidad del decreto, los legisladores remarcaron que el Poder Ejecutivo no está facultado para legislar en materia de derechos individuales ni para modificar códigos procesales sin intervención del Congreso.
El diputado Fernando Carbajal advirtió que se trata de una regresión que habilita detenciones por sospecha y prácticas ya cuestionadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, denunció que el decreto genera "una peligrosa zona gris" al no definir con precisión conceptos clave como 'amenaza a la seguridad del Estado' o 'alteración del orden público', lo que podría habilitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Gil Lavedra: "Una ley no puede ser reemplazada por un decreto"
El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, también cuestionó la legalidad del decreto. Señaló que la medida habilita detenciones y requisas sin orden judicial de forma genérica y discrecional, y alertó sobre la posibilidad de intervenciones en redes sociales sin controles suficientes.
"El decreto va más allá de una reorganización administrativa. Afecta derechos fundamentales que solo pueden ser regulados por ley del Congreso con control judicial. Nuestra historia demuestra que sin reglas claras, las fuerzas de seguridad pueden incurrir en arbitrariedades", subrayó Gil Lavedra.
Un debate que recién comienza
El debate sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo tras la aprobación de la Ley Bases se intensifica a medida que se acercan los plazos de vencimiento de las delegaciones legislativas, previstos para el 8 de julio. En ese contexto, el ministro Federico Sturzenegger ya anticipó que no habrá prórroga de dichas facultades, lo que pone aún más presión sobre el Congreso.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos y actores del sistema judicial observan con preocupación las implicancias del decreto, que podría reinstalar prácticas represivas del pasado bajo una supuesta lógica de "modernización".
Derechos constitucionales en juego
El Decreto 383/2025 impulsado por el Gobierno de Javier Milei abre un intenso conflicto institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo para reformar organismos clave como la Policía Federal. Con denuncias por inconstitucionalidad, pedidos de cautelares ante organismos internacionales y un Congreso dividido, el futuro del nuevo Departamento Federal de Investigaciones está lejos de resolverse.