La Corte Suprema de Justicia de la Nación activó esta semana el procedimiento para ejecutar el decomiso de bienes y fondos millonarios pertenecientes a Lázaro Báez y a su hijo, Martín Báez, condenados en la causa conocida como "la Ruta del Dinero K". Se trata de activos valuados en más de 60 millones de dólares que, tras años de litigio, comenzarán a ser reintegrados al Estado.
El proceso se inició a través de un oficio enviado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, al juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que en 2021 dictó la condena contra Báez. Allí se notificó que el máximo tribunal dispuso "el decomiso de sumas dinerarias mediante la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas" en el marco del expediente 3017/2013/TO2/14. También se ordenó la registración de bienes inmuebles a nombre de la Corte, en conformidad con el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Según el detalle incluido en la sentencia del TOF 4, dictada en abril de 2021, el monto total decomisado asciende a US$ 61.130.860,86, compuesto por cuatro partidas: US$ 54.872.866,69; US$ 5.000.000; US$ 307.994,17 y US$ 950.000. A estas cifras se suman valores en pesos —unos $4.174.697— sujetos a actualización según el índice de precios al consumidor del INDEC. Todos estos bienes fueron embargados durante la instrucción de la causa y permanecen cautelados desde entonces.
Romero solicitó ahora al juez Costabel que proceda a transferir inmediatamente las sumas decomisadas, junto con los fondos ya obtenidos por subastas, hacia dos cuentas bancarias (en pesos y en dólares) pertenecientes a la Corte Suprema. Además, pidió el detalle documental de todas las subastas realizadas en el incidente mencionado.
El avance del tribunal se produce luego de que el 29 de mayo de 2025 la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declarara inadmisibles los recursos presentados por las defensas y dejara firmes tanto las condenas como los decomisos. Previamente, el 28 de febrero de 2023, la Cámara Federal de Casación había confirmado las medidas dispuestas por el TOF 4.
Tras quedar firme la sentencia, el tribunal oral había notificado el inicio de la ejecución. Sin embargo, el proceso quedó en pausa debido a la intervención del Poder Ejecutivo, que en 2025 creó —mediante el Decreto 575/2025— el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. Esa maniobra implicaba que los bienes decomisados quedaran bajo tutela administrativa del Ejecutivo, lo que generó un fuerte conflicto institucional.
La Corte respondió fijando criterios específicos sobre la administración de activos provenientes del delito y sostuvo que corresponde exclusivamente a los jueces a cargo de las causas penales ejecutar las penas y disponer sobre los bienes decomisados. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) acompañó esta postura y presentó una demanda argumentando que el decreto del Ejecutivo vulneraba la independencia judicial y las facultades propias del máximo tribunal.
En octubre, el juez federal en lo contencioso-administrativo Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó la aplicación del Decreto 575/25. En su resolución, sostuvo que el Ejecutivo había alterado "de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" mediante un mecanismo que excedía los límites constitucionales de los decretos de necesidad y urgencia. También advirtió que la norma afectaba la autonomía y la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.
Con ese fallo, la Corte retomó el control del proceso y avanzó en la inscripción de los bienes decomisados bajo su titularidad, así como en el traslado de los montos acumulados en subastas y fondos incautados. El objetivo es garantizar que los activos recuperados por la Justicia regresen al patrimonio del Estado y se ejecuten conforme al fallo penal que los declaró ilícitos.