Cinco de los empresarios condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K" quedaron detenidos este lunes luego de presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata de Fabián Rossi, Eduardo Castro, César Fernández, Carlos Molinari y Juan Alberto De Rasis, quienes fueron notificados por el Tribunal Oral Federal N°4 tras el reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó sus condenas.
En tanto, Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, aún no se presentó por encontrarse internado en la provincia de Chaco. No obstante, la Justicia ordenó una custodia policial permanente en el centro médico donde permanece hospitalizado, hasta tanto reciba el alta médica.
Los detenidos fueron trasladados a la alcaidía de la Policía Federal en Madariaga, Villa Lugano, donde se les realizarán estudios médicos para evaluar si corresponde otorgarles prisión domiciliaria, como solicitaron sus defensas. La mayoría presentó certificados médicos y pedidos formales de arresto domiciliario, amparados en su edad avanzada —muchos superan los 70 años— o por problemas de salud.
Según fuentes judiciales, cada caso será analizado de forma individual, en expedientes separados, lo que podría demorar la decisión sobre su lugar definitivo de cumplimiento de la condena.
Los empresarios fueron condenados por haber facilitado maniobras de lavado de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, mediante un entramado financiero operado por la firma SGI, más conocida como La Rosadita, vinculada al empresario Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner y principal proveedor de obra pública en Santa Cruz.
La causa se originó en 2013, a raíz de un informe del programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, que reveló cómo Báez habría enviado millones al exterior a través de una compleja red de empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales. Las declaraciones de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, captadas mediante una cámara oculta, fueron clave para la instrucción.
El juez Sebastián Casanello ordenó las primeras detenciones en 2016, incluyendo a Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, quien intentó fugarse a Paraguay. La investigación concluyó que existió una organización criminal que lavó US$54.872.866,69 utilizando mecanismos como la compra de bonos de deuda pública, reinversión local simulada y triangulación de fondos a través de cuentas en el extranjero.
El pasado jueves, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por lavado de activos, cerrando así uno de los capítulos más emblemáticos en las causas por corrupción vinculadas al kirchnerismo.