La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una apelación presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó que la ex presidenta continuará siendo investigada en la causa conocida como la "Ruta del dinero K", vinculada al lavado de más de 55 millones de dólares por parte del empresario Lázaro Báez.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo de la ex mandataria al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva. De esta forma, quedaron firmes los fallos previos de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación Penal, que habían revocado su sobreseimiento en el expediente y aceptado como querellante a la organización civil "Bases Republicanas".

Además, la Corte rechazó otras presentaciones de Cristina Kirchner en el mismo expediente: las recusaciones contra los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Cámara Federal, y Gustavo Hornos, de Casación. En todos los casos, se argumentó que los planteos no apuntaban contra decisiones definitivas y, por tanto, no correspondía su tratamiento.

La causa central ya tuvo un juicio oral en el que Báez fue condenado junto a otros imputados, por decisión del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, aún resta determinar si los fondos lavados pertenecían a Cristina Kirchner, motivo por el cual esa parte del expediente sigue bajo investigación.

En mayo de 2023, el fiscal Marijuán había solicitado el sobreseimiento de la ex presidenta al considerar que no se había podido probar su relación con los fondos lavados, a pesar de haber reconocido su vínculo "estrecho y directo" con Báez. Casanello aceptó el pedido y la sobreseyó. Pero la ONG Bases Republicanas pidió ser parte del proceso para impulsar una nueva línea acusatoria, sosteniendo que Báez actuó como testaferro de los Kirchner. La Cámara Federal habilitó su participación y ordenó revocar el sobreseimiento.

Actualmente, hay dos medidas de prueba clave en curso. Una de ellas es un audio en el que Báez sugiere que los fondos pertenecían a una figura "de arriba", cuyo análisis como prueba fue autorizado por la Cámara Federal. La otra es una pericia contable que encargó Casanello a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO), con el objetivo de rastrear el eventual destino final de los fondos que el empresario reingresó desde cuentas en Suiza a sus empresas.

La investigación continúa en manos del juez Casanello, quien ahora también deberá decidir si incorpora formalmente el audio de Báez como prueba en el expediente.