Este lunes por la mañana, cinco de los seis condenados por el caso de la "Ruta del dinero K" comenzaron a cumplir sus penas de prisión tras presentarse voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. El primero en llegar fue Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera SGI y ex pareja de la actriz Iliana Calabró, condenado a cuatro años y medio de cárcel.
Rossi se presentó en el Tribunal Oral Federal 4 cerca de las 9 de la mañana, una hora y media antes de lo estipulado. Tras completar los trámites judiciales correspondientes, fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerá detenido hasta que se resuelva su pedido de prisión domiciliaria.
También se presentaron César Fernández, ex empleado de SGI; Juan Alberto De Rasis, vinculado al banco suizo por donde circularon fondos ilícitos; el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro. Todos fueron alojados en la misma dependencia de la PFA, a la espera de que la justicia resuelva si podrán continuar sus condenas en sus domicilios, por razones de salud o edad.
En el caso de Fernández, sin embargo, fue derivado al Cuerpo Médico Forense debido a su delicado estado de salud, y no fue enviado a la Superintendencia junto al resto.
El único que no se presentó fue Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, cuya defensa informó que permanece internado desde el viernes por una "descompensación", justo el día en que el juez Néstor Costabel ordenó la detención de todos los condenados. Se aportó documentación médica que será evaluada.
Los seis acusados tenían que comparecer este lunes a las 10:30, según lo ordenado por el Tribunal Oral Federal 4 a pedido del fiscal federal Abel Córdoba. Se trata de los condenados que, hasta ahora, nunca habían estado detenidos y cuyas penas son de cumplimiento efectivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas por el lavado de 55 millones de dólares atribuibles al empresario Lázaro Báez, a través de maniobras con empresas y bancos en el exterior.
Los planteos de prisión domiciliaria ya fueron presentados y serán evaluados en expedientes separados. El juez deberá ordenar peritajes médicos para determinar si las condiciones de salud de los condenados justifican el cumplimiento de la pena en sus casas.
En paralelo, la justicia federal también deberá revisar la situación de Lázaro Báez, condenado a 10 años de prisión, y de otros acusados que ya estuvieron detenidos. En estos casos, se debe realizar el cómputo exacto del tiempo cumplido. Báez estuvo preso entre abril de 2016 y diciembre de 2019 en la cárcel federal de Ezeiza, y desde entonces cumple arresto domiciliario por otra causa de lavado, vinculada a la compra del campo "El Entrevero" en Uruguay.
La defensa del empresario sostiene que entre la detención en prisión y la domiciliaria ya pasaron nueve años y medio, lo que implicaría que la pena está cumplida. Sin embargo, existen fallos que indican que solo deben computarse los tres años que estuvo preso en Ezeiza, ya que el arresto domiciliario se relaciona con otro expediente.
Casos similares deberán ser analizados en las próximas semanas por el tribunal, como los de Martín Báez —quien estuvo preso cuatro años y medio—, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, quienes también pasaron de la cárcel a la domiciliaria por otras causas judiciales.