En medio de la crisis salarial que atraviesan los trabajadores estatales de la Provincia, el diputado Mamerto Acuña, integrante del Bloque Generación del Cambio, fijó posición y anunció la presentación de iniciativas legislativas orientadas a garantizar previsibilidad, transparencia y recomposición real del salario público.
El legislador sostuvo que la situación actual "no es una consecuencia inevitable del contexto nacional, sino el resultado de decisiones presupuestarias y financieras concretas adoptadas por el Poder Ejecutivo". En ese marco, puso el foco en los números oficiales y en la modalidad elegida para aplicar los incrementos.
Los números del salario y la modalidad de actualización
Según precisó Acuña, el salario básico de un agente estatal en enero de 2025 fue de $613.000. El Ejecutivo informó un incremento acumulado del 30,51% durante el año, pero el diputado remarcó que una parte sustancial de esa actualización se instrumentó mediante montos fijos no remunerativos de $120.000 abonados en cuotas.
"El problema no es sólo el porcentaje anunciado, sino la forma en que se implementa", planteó. Y advirtió: "Las sumas no remunerativas no constituyen recomposición estructural. No impactan en el aguinaldo, no generan aportes previsionales y no consolidan carrera administrativa. En términos reales, el salario perdió poder adquisitivo".
De esta manera, la discusión no se centra únicamente en el porcentaje nominal de aumento, sino en la estructura del ingreso y su incidencia efectiva en los derechos laborales asociados al salario básico.
Achatamiento salarial y carrera administrativa
Acuña alertó que la política reiterada de otorgar sumas fijas y no remunerativas produce un efecto directo sobre la estructura escalafonaria del Estado provincial. Según explicó, este mecanismo genera achatamiento de la pirámide salarial; distorsiona la estructura escalafonaria y debilita la carrera administrativa, al reducir diferencias entre funciones de distinta responsabilidad y complejidad.
"Defender el salario básico es también defender la profesionalización del Estado y la dignidad de la función pública", afirmó, vinculando la discusión salarial con la calidad institucional y la estructura de incentivos dentro de la administración pública.
Recursos financieros y pedido de transparencia
En paralelo, el diputado señaló que, junto a otros legisladores del bloque, vienen reclamando explicaciones sobre el manejo de los recursos provinciales. Indicó que la Provincia mantiene colocaciones financieras superiores a los $50.000 millones, mientras en las mesas paritarias se invoca restricción fiscal.
"Si existen recursos capaces de generar renta en el sistema financiero, corresponde explicar por qué se prioriza el ahorro financiero antes que la recomposición salarial", afirmó, exigiendo mayor transparencia en el manejo de fondos públicos.
A ello sumó el impacto de otras decisiones sobre el salario de bolsillo: el incremento de aportes a OSEP y AGAP, y ahora también el aumento en las tarifas de los servicios públicos, en un contexto donde, según sostuvo, no se garantiza una actualización real del salario básico.
El paquete de propuestas legislativas
Frente a este escenario, desde Generación del Cambio se trabaja en un conjunto de iniciativas destinadas a revertir el deterioro salarial y dotar de reglas claras al sistema de actualización. Entre las propuestas se encuentran:
Un mecanismo legal de actualización salarial automática y acumulativa, vinculado a indicadores objetivos como el IPC del INDEC, para eliminar la discrecionalidad.
La prohibición como regla general de sumas no remunerativas, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas y limitadas en el tiempo.
La creación de un Fondo Provincial de Reparación Salarial, financiado con rentas de colocaciones financieras, reasignaciones presupuestarias y racionalización del gasto político.
La obligación de publicación mensual detallada de todas las colocaciones financieras, incluyendo monto, tasa, instrumento y entidad.
Un esquema de equidad salarial municipal, que garantice estándares mínimos provinciales y vincule transferencias que sumen al porcentaje de la coparticipación y que tengan finalidad específica al cumplimiento de salarios dignos.
La actualización automática y remunerativa de adicionales como escolaridad y salario familiar.
"El Poder Legislativo no puede limitarse a convalidar decisiones del Ejecutivo. Tiene atribuciones constitucionales para intervenir, crear fondos, redireccionar partidas y exigir información. La omisión también genera responsabilidad política", manifestaron desde el bloque.
Un impacto que atraviesa todo el Estado
En el tramo final de su exposición, Acuña subrayó que el deterioro salarial no es una cifra abstracta, sino una realidad concreta que afecta a docentes, trabajadores de la salud, personal de seguridad y empleados públicos del interior, muchos de los cuales —según señaló— no llegan a fin de mes.
"Los recursos existen. Las herramientas constitucionales también. Lo que está en discusión no es la posibilidad jurídica de actuar, sino la decisión política de hacerlo. Generación del Cambio siempre asumió esa responsabilidad y convocó al resto de los bloques a ejercer plenamente el mandato que la catamarqueños nos otorgaron", concluyó el diputado.
Así, la crisis salarial en Catamarca se traslada al terreno legislativo, donde se anticipa un debate sobre modelo de actualización, transparencia financiera y defensa del salario básico como eje estructural de la administración pública provincial.