El Gobierno nacional oficializó este jueves un aumento salarial para los altos funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque aclaró que la medida no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión fue formalizada a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en una revisión integral del esquema de empleo público y de las retribuciones jerárquicas del Estado nacional.
Según se desprende del texto oficial, el incremento salarial será aplicado a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, luego de que sus remuneraciones permanecieran congeladas desde diciembre de 2023. No obstante, el Gobierno no precisó el porcentaje exacto del aumento, aunque anticipó que se trasladará el acumulado de los incrementos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
En ese sentido, el decreto establece que, a partir del presente mes, se aplicará a los cargos jerárquicos el porcentaje acumulado de los aumentos acordados en los convenios colectivos aprobados entre enero de 2024 y julio de 2025. Se trata de un esquema que busca equiparar, al menos parcialmente, la evolución salarial de los funcionarios políticos con la del resto del empleo público nacional.
Sin embargo, el Gobierno fue enfático al aclarar que "los incrementos a los que se hace referencia por el presente artículo no serán de aplicación para los cargos de Presidente de la Nación y Vicepresidente de la Nación", ratificando así la exclusión de Javier Milei y Victoria Villarruel del beneficio. Además, se dejó en claro que la medida no tendrá efectos retroactivos.
El decreto también instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un nuevo sistema de empleo público en el ámbito del Sector Público Nacional. Entre los lineamientos generales, se plantea avanzar hacia mecanismos de ingreso basados en el mérito, evaluaciones periódicas de desempeño, movilidad sustentada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a la responsabilidad y a las funciones desempeñadas.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión de autorizar los incrementos salariales se apoya en dos factores centrales: por un lado, el prolongado congelamiento de las remuneraciones de los altos cargos políticos y, por otro, el saneamiento de las cuentas públicas logrado a lo largo de la actual gestión. En los considerandos del decreto, se destaca que el programa económico permitió acumular 22 meses consecutivos de superávit fiscal.
Asimismo, el Ejecutivo subrayó que la sostenibilidad fiscal alcanzada contribuyó a una reducción del índice de pobreza y a la estabilización de la situación de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social que atravesaba el país. Según el texto oficial, hacia finales de 2025 ese escenario crítico había logrado estabilizarse.
No obstante, la norma incorpora una cláusula clave de salvaguarda fiscal. El decreto establece que, en caso de que el Ministerio de Economía constate públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de los altos funcionarios quedarán automáticamente congeladas y se suspenderá la aplicación de nuevos incrementos, incluso aquellos que ya hubieran sido aprobados.
"La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad del dictado de un acto administrativo, y se mantendrá vigente hasta tanto se restablezca el resultado fiscal financiero superavitario", señala el texto. Además, se faculta a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a dictar las normas reglamentarias necesarias para la correcta implementación del esquema.
En un apartado adicional, el decreto invita al Poder Judicial de la Nación, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar este mecanismo de congelamiento salarial para sus propias autoridades en contextos de déficit fiscal dentro de sus jurisdicciones.
Por último, el Gobierno derogó el artículo 4° del Decreto N° 235, vigente desde marzo de 2024, que había establecido el congelamiento de las retribuciones de los altos funcionarios según los montos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2023. Aquella medida había sido adoptada en el marco del fuerte ajuste inicial, en un contexto de inflación interanual del 211,4% a fines de 2023.
En ese entonces, el Ejecutivo había argumentado que "la sociedad argentina estaba realizando un esfuerzo heroico" y que los funcionarios políticos debían ser los primeros en dar el ejemplo. Con la nueva norma, el Gobierno busca equilibrar esa lógica con la evolución salarial y el nuevo escenario fiscal.