La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante 30 allanamientos en simultáneo en el marco de una causa que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas. La medida fue solicitada por la jueza federal María Servini y ejecutada por la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza.
Los procedimientos se desplegaron tanto en domicilios particulares como en oficinas comerciales relacionadas con la razón social "Centro Integral de Inversiones", nombre bajo el cual estaría formalmente inscripta la firma que opera con la marca comercial Sur Finanzas.
El alcance territorial y la simultaneidad de los operativos revelan la magnitud que la Justicia atribuye a la maniobra investigada. Las fuentes judiciales confirmaron que el objetivo central es asegurar evidencia documental y tecnológica para reconstruir el circuito financiero bajo análisis.
La estructura societaria bajo la lupa
En los registros oficiales, la titularidad de la firma aparece a nombre de la madre de Ariel Vallejo. Sin embargo, en el mercado financiero se señala a Ariel Vallejo como el verdadero responsable del crecimiento y manejo de la compañía.
La investigación no se limitó a las oficinas comerciales. Entre los domicilios allanados figura el de Silvia Torrado, directora de la sociedad y quien sería socia de la madre de Vallejo. La inclusión de su vivienda dentro de los procedimientos refuerza la hipótesis judicial de que la operatoria no se circunscribía exclusivamente al ámbito empresarial formal.
Este entramado societario es uno de los ejes del expediente: determinar quiénes ejercían efectivamente la dirección, quiénes firmaban las declaraciones juradas y cómo se articulaban las decisiones vinculadas al acceso al mercado oficial de cambios.
El "rulo financiero": la mecánica investigada
La causa gira en torno a una maniobra conocida como "rulo financiero", un mecanismo que explota la brecha cambiaria. Según la hipótesis judicial, el esquema funcionaba de la siguiente manera:
Compra de dólares al tipo de cambio oficial, con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Presentación de declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial.
Reventa posterior de esos dólares en el mercado informal o "blue".
Obtención de una ganancia extraordinaria producto de la diferencia cambiaria.
De acuerdo con lo que se investiga, el esquema habría movido alrededor de 500 millones de dólares mediante un entramado de empresas y casas de cambio. El volumen de divisas bajo análisis es uno de los elementos que explican la intensidad de las medidas ordenadas.
La Justicia busca ahora establecer la trazabilidad de las operaciones, identificar cada uno de los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y determinar el destino final del dinero una vez que salía del circuito oficial.
Evidencia secuestrada y peritajes en curso
Durante los allanamientos se incautaron:
Teléfonos celulares
Computadoras
Otros dispositivos electrónicos
Documentación contable
El análisis de estos elementos será clave para reconstruir comunicaciones internas, órdenes de operación y movimientos financieros. Las fuentes con acceso al expediente indicaron que el objetivo es determinar si existió una estructura organizada destinada a aprovechar sistemáticamente la brecha cambiaria.
No es la primera vez que Vallejo enfrenta medidas judiciales. En un procedimiento anterior se intentó secuestrar su teléfono celular, que finalmente fue entregado y actualmente se encuentra en proceso de peritaje por parte de una unidad especializada.
Otras causas y antecedentes
La investigación sobre Sur Finanzas no es un caso aislado. En paralelo, existen expedientes en otros juzgados federales que analizan esquemas similares. Uno de ellos estuvo a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y otro del juez Sebastián Casanello.
En el caso puntual de Sur Finanzas, la firma ya había quedado bajo la lupa en otras investigaciones, incluso por su rol como financiera de la AFA y por acuerdos publicitarios con clubes de fútbol vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, la causa actual no se centra en esas relaciones comerciales, sino en la presunta utilización del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ilegítimos