En el marco de la intensa disputa de Cristina Kirchner por ampliar su margen de maniobra política pese a su prisión domiciliaria, este lunes vence el plazo de 48 horas hábiles otorgado por la Justicia. La expresidenta deberá entregar el listado de personas autorizadas a visitarla sin previa solicitud en su departamento de Constitución, donde desde el martes pasado cumple su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por delitos de corrupción.
La nómina permitida, según el criterio judicial, se restringe a su núcleo familiar y a un primer círculo de profesionales esenciales como abogados y médicos. Esta limitación excluye explícitamente a dirigentes políticos, un punto central en el escrito de protesta presentado el pasado jueves por sus defensores, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron al Tribunal Oral que revoque esta decisión.
"Ella es la principal dirigente de la oposición", argumentaron Beraldi y Llernovoy en el recurso de reposición. Si bien esta presentación no suspende los plazos judiciales, estos se extinguen en las "dos primeras" horas de este lunes, es decir, a las 9:30, considerando que los Tribunales inician su jornada a las 7:30.
El escrito de la defensa está plagado de indicios que revelan la intención de la expresidenta de convertir su departamento en Constitución en un verdadero centro de operaciones, desde donde busca explotar electoralmente su renovada centralidad dentro del peronismo.
Los abogados de Cristina Kirchner despliegan dos líneas de acción. La principal sostiene que el tribunal no puede extralimitarse de la condena impuesta y que los derechos políticos y civiles de la expresidenta permanecen intactos, a pesar de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En consecuencia, los letrados cuestionan tanto la decisión como su alcance, calificando el régimen de visitas de "inédito" y "muy estrecho". Argumentan que excluye a personas de su círculo afectivo, necesarias incluso para la "reinserción social" de su clienta, así como a otros profesionales que la asisten en procesos judiciales paralelos. Como ejemplo, mencionan un peritaje contable en curso que revisa presuntas irregularidades en el empalme patrimonial entre Cristina y Néstor Kirchner tras el fallecimiento de este último en 2010.
Sin embargo, el eje principal del escrito reside en la dimensión política. Además de reafirmar a su defendida como la principal líder de la oposición, los abogados enfatizan cuán perjudicial resulta para la democracia el régimen de visitas impuesto.
"Lo cierto e incuestionable es que en un sistema democrático no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra", afirmaron Beraldi y Llernovoy.
"Los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial", recalcaron.
Asimismo, la defensa planteó interrogantes y solicitó precisiones sobre el criterio que adoptará el tribunal para las "innumerables" futuras presentaciones de aquellos que, quedando fuera del listado inicial, deseen visitar a Cristina Kirchner en su domicilio de Constitución. Esto incluye a figuras de la política doméstica o internacional, como podría ser el caso del presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva. "En cualquier caso, y dado el tiempo que viene por delante, seguramente deberán efectuarse innumerables presentaciones", pronosticaron los abogados.
La postura de los jueces
Hasta el momento, los jueces no han dado indicios sobre el camino que tomarán. Las opciones son variadas e incluso podrían combinarse: el tribunal podría extender el plazo de 48 horas, flexibilizar el régimen de visitas, o, como ya hizo al responder sobre el uso del balcón, apegarse al criterio ya expresado y sostener que solo podrán visitarla sus familiares más cercanos, su custodia, médicos y abogados.
La decisión del tribunal de excluir a dirigentes políticos parece alinearse con lo proyectado en la propia sentencia. En diciembre de 2022, los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini encontraron a Cristina Kirchner culpable de defraudar al Estado desde la primera magistratura. Además de los seis años de prisión, y tal como lo establece el Código Penal, limitaron sus derechos políticos al impedirle ejercer cargos públicos.
La ejecución de esta pena recae en Jorge Gorini, presidente de ese tribunal, una particularidad del sistema judicial de Comodoro Py.
Para la expresidenta, el régimen impuesto no solo restringe sus derechos políticos, sino también sus derechos civiles. Para reforzar su postura, la defensa se apoyó en el voto de Gustavo Hornos, juez de la Cámara de Casación, quien en otra causa (Vialidad) había pedido juzgar a la expresidenta por asociación ilícita.
"Se debe garantizar —citando al juez Hornos— que la persona condenada mantenga sus relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible, asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes al ser humano. Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos", argumentaron los abogados de la expresidenta.